El colegio de abogados fija un baremo de honorarios orientativo, y a partir de ahí cada profesional los fija libremente, en función de la valoración que hace de sus cualidades, de las posibilidades de los clientes a los que se dirije, y del tipo de procedimiento del que se trate.
Los usuarios de los servicios jurídicos han de tener presente varias cuestiones:
- En un procedimiento judicial suelen intervenir otros profesionales, fundamentalmente procuradores, que cobran en función de la cuantía económica sometida a pleito; y cuyos honorarios aunque el cliente los entrega al abogado, éste ha de hacerlos efectivos al otro profesional. Por lo tanto hay que distinguir entre honorarios de abogado y honorarios del procurador, puesto que aunque con este profesional el cliente no tiene apenas contacto, sí que le está cobrando por su intervención. También puede haber gastos de peritos, gastos de anotaciones en registros de propiedad, trámites con gestorias, impuestos, etc. Sucede igual que al acudir a un notario a hacer una escritura y se piensa que todo lo que se paga es importe de escrituras, cuando realmente se están abonando también impuestos, gastos de registro de la propiedad, y a veces gestorías.
- El cliente tiene derecho a un presupuesto previo, firmado por el abogado y el propio usuario, donde se indiquen los honorarios de abogado y posibles gastos del juicio (procurador, perito, anotaciones en registros, etc.). En este despacho siempre se le entregará esa nota antes del inicio del pleito.
- El abogado necesita una formación previa al ejercicio y una formación durante toda su vida, lo cual implica unos gastos elevados, que se amortizan en cada caso. Tampoco resulta admisible que se pretenda cobrar la carrera de derecho a cada cliente.
- El usuario tiene derecho a conocer el importe de los servicios que requiere antes de utilizarlos. Es conveniente que al concertar la cita pregunten el precio de la consulta, o de la gestión que deseen encargar al abogado.
Los servicios jurídicos tienen un coste y si una cerveza cuesta dos euros una consulta a un abogado no puede costar diez. Las grandes empresas de servicios jurídicos que cobran 70 euros al año, con derecho a realizar 10 consultas telefónicas, están ofreciendo "teoricamente" consultas con un profesional experto en derecho por 7 euros. Preguntense que les están ofreciendo realmente.
En definitiva; pregunten los precios, pidan presupuestos previos, sepan que no toda la factura son honorarios del abogado, y tengan también en cuenta que todo servicio debe tener un coste proporcional al esfuerzo, a la experiencia, a la técnica necesaria para obtener una respuesta satisfactoria, y a la infraestructura que precisa el profesional para ofrecerle ese servicio, y que pone a su disposición en cada caso.
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