sábado, 4 de marzo de 2017

Ejecuciones Hipotecarias - suspensión Noticia del 2 de marzo de 2.017.

La normativa reguladora de los procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria (aquellos procedimientos previstos para que el acreedor hipotecario pueda sacar a subasta el bien hipotecado ante el impago del deudor) beneficia decididamente a las entidades financieras. Se trata de un procedimiento que apenas preveía motivos ni cauces de defensa.
En Europa hay un movimiento de consumidores mucho más poderoso que en España, y ha ido presionando en la legislación europea para proteger los intereses de aquellos. Como España está en la Unión Europea, para bien y para mal, las normas continentales operan como marco, límite y guía de las nacionales. Esto ha significado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado ya varias sentencias que han obligado a modificar las normas internas de nuestro país para introducir medios de defensa de los consumidores y usuarios de los productos financieros e hipotecarios.

Y ahora viene la última, hasta la fecha, y es que estamos a la espera de que dicho tribunal se manifieste sobre las ejecuciones por vencimiento anticipado. Ante un nuevo varapalo a la legislación, los tribunales de Madrid han decidido suspender las ejecuciones hipotecarias por este motivo (no por otros) hasta recibir la decisión del tribunal europeo.


Se refieren a procedimientos que quedarían paralizados hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) responda las aclaraciones planteadas por el Tribunal Supremo a su sentencia en la que determinaba la ilegalidad de varios procesos en España al no adecuarse a la normativa europea.
Hace unas semanas, el Alto Tribunal pidió al tribunal europeo aclaraciones sobre cómo proceder en los casos de nulidad de cláusulas hipotecarias. Además, reclamó “que la petición se tramite por el procedimiento acelerado”.

Con ello quedamos a la espera y en suspenso.
Y como en tantas ocasiones con poderes legislativos y ejecutivos que no actúan hasta que les tienen que llamar la atención.

domingo, 22 de enero de 2017

Cláusulas suelo Real Decreto Ley 1/2017

Tenemos una nueva norma en relación con las cláusulas suelo llamada de "medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo", aprobada mediante Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero, publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 21 de enero.
Realmente la norma más que proteger a los consumidores ampara, una vez más, a las entidades financieras. Si se hubiera querido proteger a los consumidores se hubieran establecido medidas más coercitivas con los bancos mucho antes, y no ahora, cuando obligados por las resoluciones de tribunales europeos, una vez más, el gobierno y los partidos que lo apoyan tratan de salvar lo que queda del naufragio al que nos han llevado años de malas prácticas bancarias a las que no se ha querido poner coto desde la administración pública.
Hubo una sentencia del Tribunal Supremo del año 2.013 que, con criterios supuestamente económicos, pero realmente con la única finalidad de proteger los intereses de las entidades financieras, y en contra de los consumidores afectados,  decidió poner un límite a las cantidades a devolver, cobradas indebidamente por los bancos en aplicación de las cláusulas suelo. Esa decisión fue recurrida a instancias europeas que, aplicando criterios jurídicos (únicos que deben guiar las resolución judiciales), han decidido que ese límite temporal al cálculo de intereses debe desaparecer.


Pero vamos con los temas jurídicos:
- La cláusula suelo significa un tope disimulado en las escrituras de préstamo que implica que aunque los tipos de intereses bajan las cantidades a pagar por tal concepto por los prestatarios no quedarán nunca por debajo de ciertos límites. Cómo efectivamente los tipos fueron bajando esas cláusulas entraron en juego perjudicando notablemente a los consumidores.
Lo primero a comprobar será si en la escritura hay tal cláusula, pues no todos los bancos las establecieron, o no lo hicieron con todos los clientes.

- La norma nueva dispone un sistema de reclamación previa que no pase por los juzgados. La medida me parece correcta, pero debería haberse previsto muchos años antes. Mi despacho no se ha dedicado a estos temas de forma extensa así que ni nos subimos al carro de estos pleitos, ni nos perjudicará la disminución de estos juicios, y como abogados litigantes nos interesa que la justicia no quede colapsada, lo que estaba sucediendo por culpa de la tremenda cantidad de demandas presentadas sobre temas bancarios, no por consumidores y abogados avariciosos, sino, tengámoslo siempre presente, por las malas practicas de las entidades financieras.
Ahora interviene el gobierno porque la resolución europea perjudica los intereses de los bancos; cuando las resoluciones judiciales tenían que fijar un tope a los intereses a devolver no hubo reacción desde las instituciones políticas ni legislativas.

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA IDEADO EN LA NORMA?
Las entidades financieras tienen un mes para poner en marcha un mecanismo de tramitación de reclamaciones antes sus propias dependencias. Así que el consumidor debería esperar un mes para iniciar la reclamación.
Si se presenta la demanda sin pasar por este trámite se puede obtener la devolución de lo pagado de más, pero cabe la posibilidad de que no se recuperen los honorarios de abogado y procurador.

Si se decide iniciar el trámite extrajudicial, no se debe acudir al juzgado hasta tener la respuesta del banco, con la que no se esté conforme.

Una vez instaurado el sistema de reclamación por el propio banco, o transcurrido el mes sin que lo hubiera hecho, se presenta la reclamación y el banco tiene tres meses para contestar.

Contestación del banco: a)  aceptando la reclamación y diciendo qué cantidad corresponde devolver. Si el cliente está conforme con la cantidad que el banco propone, recibe su dinero y final. Si no está conforme tendrá que acudir al juzgado, y dentro del pleito si el banco dice que quiere pagar lo que ellos consideran, y el juez le da la razón a la entidad financiera, el cliente no recuperará el dinero pagado a su abogado y procurador.
                                       b) Negando la reclamación (si el cliente no es consumidor, sino una empresa, o el préstamo se concedió para segunda vivienda, o por otros motivos). En este caso el banco no dirá cuanto se ha cobrado por aplicación de la cláusula.
En esta situación el cliente puede acudir al juzgado, y que el juez decida.

- Sobre los juicios en marcha: las partes pueden pedir la suspensión del pleito y llevar el asunto a este procedimiento extrajudicial, para ver si se alcanza un acuerdo.

Resumen y consejos: Hay que esperar un máximo de un mes para que el banco ponga en marcha el sistema de reclamación ante sus propios órganos.
                 Una vez el sistema puesto en marcha o transcurrido el mes sin haberlo hecho, el cliente debe presentar la reclamación ante esta instancia. No aconsejo ir al juzgado antes de haber usado este trámite para evitar gastos, demoras en el juzgado, y resoluciones que impliquen no recuperar lo invertido en abogado y procurador.
                 Con la respuesta del banco, o si pasan tres meses sin contestar, podemos mostrar conformidad con lo que el banco propone y que el cliente cobrará su dinero; o estar disconformes porque el banco niegue al cliente la condición de consumidor o porque le ofrezca una cantidad inferior, o porque no conteste en tres meses y entonces cabe la opción de ir al juzgado para que el órgano judicial resuelva en Derecho.

NOTA: Este sistema es válido para hipotecas ya pagadas. El problema consiste en la prescripción que, desde la reforma del Código Civil en este tema, puede ser solo de cinco años, aunque cabría un plazo de quince en una interpretación menos estricta, pero que habría que esperar a ver qué deciden los tribunales.




domingo, 18 de diciembre de 2016

Instalación de ascensor y exenciones de pago a locales en estatutos

Este tema aparecía analizado en otra entrada en este blog, con fecha 2009.
Ahora se trata de cambiar aquella exposición tras la reforma de la ley 8/2013.

La novedad más importante introducida por la Ley del año 2.013 consiste en que cualquier propietario discapacitado o mayor de 70 años, o en cuyo domicilio, oficina o local resida o trabaje una persona con esas características puede reclamar que se instale un ascensor, y la comunidad estará obligada a pagarlo si el coste no supera el importe de doce cuotas mensuales de comunidad. Superando esa cifra el interesado puede pagar lo que falta y obligar a la comunidad a realizar la obra, y si obtiene el voto favorable de la mayoría de los propietarios, además, la comunidad tendrá que asumir el coste total de la obra.

La ley no determina qué porcentaje de discapacidad hay que tener para aplicar esta norma, con lo que, por analogía con otras leyes, habrá que acudir al mínimo del 33%.

El problema viene cuando en los estatutos o escritura de división horizontal se excluye a los propietarios de locales o pisos ubicados en planta baja del pago de ciertos gastos.

Sigue siendo válido que aún cuando los estatutos de comunidad o la escritura de división horizontal eximan a los locales de pagar "los gastos de conservación, limpieza, alumbrado de portales y escaleras", sí que estarán  obligados a pagar los gastos de instalación de ascensores en aquellos casos en que sea preciso instalarlos para la adecuada habitabilidad del inmueble (presencia de discapacitados o personas mayores de 70 años).

Desde el año 2.013 si un propietario, amparándose en el artículo 10.1.b) de la Ley de Propiedad Horizontal exige la instalación del ascensor, nadie podrá oponerse, y todos tendrán que pagar hasta el máximo de 12 cuotas mensuales de comunidad; el resto lo pagará el propietario que pretenda la instalación del ascensor, salvo que la comunidad apruebe su pago íntegro por mayoría simple.

Un tema que plantea la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, Sección 3ª, de fecha 8 de noviembre de 2.016, consiste en que se podrían pagar diferentes cuotas según la utilización o beneficio para el piso o local (pagando más los pisos superiores), aunque realmente esta sentencia trata de la instalación del ascensor sin buscar amparo en el artículo 10.1. b) de la Ley de Propiedad Horizontal, (sin que se busque la supresión de barreras arquitectónicas para discapacitados o mayores de 70 años), sino por simple voluntad mayoritaria de los vecinos.

jueves, 24 de noviembre de 2016

Pensión de alimentos para hijos mayores de edad.

Las pensiones de alimentos fijadas a favor de los hijos no se extinguen automáticamente con la mayoría de edad de los mismos, sino que se prolongan en el tiempo mientras los hijos se encuentren estudiando con aprovechamiento o no encuentren trabajo por causas que no les sean imputables.

Se entiende que los hijos estudian con aprovechamiento si se trata de estudios oficiales y se van aprobando los exámenes, aunque no sean todos, pero que se aprecia un interés y resultados positivos en esos estudios.

Y en cuanto a pagar pensión de alimentos a hijos mayores de edad que se encuentran en desempleo cabe ese pago durante unos meses, a criterio discrecional del juzgado; apreciándose que los juzgados han ido sido sensibles a la situación de crisis económica, permitiendo que la obligación de pagar alimentos se mantenga más tiempo desde hace unos años. La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2.008 decía que la obligación de pagar se extiende hasta que los hijos alcancen la suficiencia económica, siempre y cuando la necesidad no haya sido creada por la conducta del propio hijo.

Es cada vez más frecuente que se fijen plazos en las pensiones de alimentos para hijos mayores de edad, en función de las expectativas: así la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2.016 considera adecuado mantener una pensión de alimentos durante 3 años después del fin de los estudios de magisterio de una hija, considerando que ese plazo será suficiente para que apruebe las oposiciones oportunas.

No se exige independencia económica sino haber incorporado al mercado laboral en las condiciones que se vienen dando habitualmente: basta contratos precarios o trabajos temporales mal pagados para que se extinga la pensión de alimentos. No hace falta que se generen ingresos para irse a vivir por su cuenta.

Ello significa que una vez que el hijo o hija empieza a trabajar de forma más o menos continúa (que no son trabajos de verano o fines de semana para ayudarse con los gastos) se puede pretender la extinción de la pensión, y si no hubiera acuerdo entre los progenitores se puede intentar por vía judicial que se decrete el fin de la obligación de pago.

Las pensiones de alimentos fijadas en procedimientos matrimoniales se abonan siempre al progenitor con el que viva el hijo, aunque éste ya sea mayor de edad; los pagos a los hijos directamente, no tienen carácter liberatorio y pueden motivar una reclamación por el progenitor con el que el hijo mayor conviva. Solamente las pensiones fijadas en procedimientos iniciados por los hijos habrán de abonarse directamente a ellos.


jueves, 20 de octubre de 2016

Pensión de alimentos. Gastos extraordinarios

Además de fijarse una pensión de alimentos en favor de los hijos, las sentencias de pleitos matrimoniales y los convenios reguladores de separaciones y divorcios contienen una referencia que dice que los gastos extraordinarios de los hijos se abonarán al 50% entre los progenitores.
Hay casos donde ese porcentaje es diferente, y en otros  donde se especifican qué gastos van a ser considerados como extraordinarios.

La tendencia de la jurisprudencia viene siendo la de restringir los gastos que van a gozar de tal consideración, limitándolos a los gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social o seguros médicos privados, que serían dentista, psicólogo, óptico y poco más.

Para que un gasto sea extraordinario habrá de ser imprevisto, lo que lleva a la Audiencia Provincial de Madrid a excluir de la categoría de extraordinarios los gastos de libros, material escolar, clases extraescolares, viajes de fin de curso y similares.

Una cuestión ha de quedar clara: si en el convenio se han descrito como extraordinarios los libros y material escolar, habrán de pagarse aparte de la pensión. Pero si en el convenio o sentencia no se mencionan como extraordinarios esos gastos no podrán ser exigibles como extraordinarios ante los tribunales.

Por lo tanto, primera conclusión: los libros, material escolar, clases de apoyo, actividades deportivas y similares deberán ser contabilizadas a la hora de calcular el importe de la pensión ordinaria de alimentos cuando se inicia un pleito matrimonial, porque luego no van a poderse exigir como gastos extraordinarios.

Segunda conclusión: aunque en el convenio o la sentencia no dijera que los libros son gastos extraordinarios a pagar a medias, han habido resoluciones judiciales que los han considerado tales en fase de ejecución (reclamación posterior a la sentencia), y se ha exigido su pago, incluso con embargo de nómina u otros bienes del obligado al pago.

Tercera conclusión: tenemos una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2.016 que dice que "los gastos causados al comienzo del curso escolar de cada año son gastos ordinarios en cuanto son gastos necesarios para la educación de los hijos, incluidos, por lo tanto, en el concepto legal de alimentos.... Y porque se producen cada año son ... periódicos y.... previsibles".
Por lo tanto no serán exigibles en ejecución de sentencia.

Esta situación, que no es nueva por cuanto la Audiencia Provincial de Madrid lleva años con este criterio, crea un perjuicio en aquellos casos en los que el progenitor custodio a la hora de pedir la pensión de alimentos no tuvo en cuenta los libros y material escolar, pensando que los podría pedir año a año, cuando se fueran produciendo, dentro de los gastos extraordinarios, pues ahora no podrán exigirlos judicialmente si el otro progenitor se niega a pagarlos de forma voluntaria.

domingo, 7 de agosto de 2016

Impugnación de paternidad por el padre que reconoció un hijo que no era suyo

Se trata de los reconocimientos llamados de complacencia, aquellos en los cuales un hombre reconoce a un menor de edad como hijo suyo, cuando este menor aparecía inscrito en el Registro Civil solo con los datos de la madre (padre desconocido), a sabiendas de que tal hijo no es suyo biológicamente.

Sucede que en ciertos casos, la nueva pareja se rompe y el padre (que no lo es en la realidad) no quiere abonar una pensión alimenticia por un hijo que no es suyo.

En principio parece una situación un tanto frívola pasar de reconocer a una persona como hijo, para posteriormente rechazar tal parentesco; sobre todo porque se afecta a menores de edad, ajenos a los avatares de las relaciones familiares de los adultos.

Ha existido durante años bastante debate jurídico sobre si los reconocimientos de paternidad se podían impugnar en estos casos, dado que no cabe invocar  que se hubiera producido un error de consentimiento, puesto que el que se presentaba como padre ante el Registro Civil sabía con plena certeza que el menor al que reconocía como hijo suyo no lo era realmente.

El Tribunal Supremo, en su reciente sentencia de 15 de julio de 2.016, afirma que estas decisiones de impugnar un reconocimiento de paternidad tras el cese de la convivencia con la madre no constituyen un acto frívolo, sino que deben verse amparados por la libertad de iniciar nuevas relaciones sin cargas de hijos que no son realmente propios. Es decir, se admite la impugnación de la paternidad en los reconocimientos de complacencia.

Ahora bien, esa sentencia impone un requisito temporal para presentar la demanda de impugnación, distinguiendo a su vez, si se trata del reconocimiento de un hijo matrimonial o no. Será matrimonial cuando el padre (reconocedor) y la madre hubieran contraído matrimonio antes o después del reconocimiento de la paternidad; y será extramatrimonial si no hay vínculo matrimonial entre la madre y el hombre que reconoce al hijo de aquella.

En el caso de hijos matrimoniales el plazo para impugnar el reconocimiento es de un año a contar desde la perfección de dicho reconocimiento, aunque si el matrimonio se produce dentro de los 365 días posteriores al reconocimiento el plazo se cuenta desde la boda; si el matrimonio se celebra después de transcurrido un año desde el reconocimiento ya no cabrá impugnar. En el caso de los hijos no matrimoniales (la madre y el hombre que reconoce al hijo no contraen nunca matrimonio) el plazo para la impugnación se extiende hasta los cuatro años.

Por lo tanto se admite la impugnación del reconocimiento pero solo durante unos periodos relativamente breves, en aras de la seguridad jurídica.


martes, 5 de julio de 2016

Desistimiento en los contratos de arrendamiento

Frecuentemente los contratos de arrendamiento no duran lo pactado, a veces por incumplimiento de alguna de las partes, o por otros motivos.
La cuestión que vamos a analizar ahora consiste en aquellos supuestos en los que el arrendatario pretende dejar el alquiler del local de negocio antes de plazo alegando que no tiene rentabilidad económica (desistimiento).
El asunto ha sido resuelto por una sentencia del Tribunal Supremo en el recurso 1870/2013. Se trataba de que la arrendataria cerró el negocio que tenía alquilado en el centro de Sevilla y envió las llaves al dueño  por medio de mensajero.  La propietaria presentó demanda solicitando que se declarara la subsistencia del contrato y que la arrendataria continuara pagando; la arrendataria solicitó que se declarara resuelto el contrato con fecha 30 de junio 2.009 por incumplimiento del propietario dado que hubo unas obras en la calle que sin impedir la actividad, si que la dificultaban.

Esta sentencia distingue tres tipo de casos:
- aquellos en los que hay una cláusula que permita resolver al arrendatario, quedando obligado a pagar una multa o indemnización. Sentencias del Tribunal Supremo de 23 diciembre 2.009, 10 diciembre de 2.013 y 29 de mayo de 2.014
- casos en los que no hay tal cláusula que permita el desistimiento del arrendatario, pero ante la manifestación del arrendatario de querer resolver, el arrendador no acepta y pide el cumplimiento del contrato según lo pactado. Sentencia 26 junio 2.002.
- los últimos casos son aquellos en los que no hay cláusula pero el arrendador acepta o acaba por aceptar la resolución del contrato reclamando una indemnización por incumplimiento del arrendatario. Sentencia de 9 de abril 2.012.

En el caso estudiado, que sitúa entre los del segundo grupo, no cabe moderación de la indemnización, puesto que no se pidió tal, sino las rentas de los meses transcurridos, pues ni se aceptó la resolución, ni había cláusula en el contrato que permitiera el desistimiento.
Se considera que si bien el arrendatario perdía ingresos por las obras, también el arrendatario vio disminuidas sus posibilidades de tener otro arrendatario, dado que no eran obras que estuvieran bajo dominio del arrendatario, sino del ayuntamiento que las había acordado..

De todas formas es conveniente para ambas partes establecer una cláusula que fije con claridad la indemnización que habrá de pagar el arrendatario si desiste del contrato antes del plazo, compensando al arrendador por las rentas que no se van a percibir. También hay que considerar que puede haber una justa causa para el desistimiento, y demostrada una pérdida de ingresos, se podría considerar que no hubiera derecho a indemnización.

Es una cuestión muy controvertida donde cada caso, con sus propias peculiaridades, puede encontrar una solución distinta en la jurisprudencia.