domingo, 11 de marzo de 2018

Pensión de alimentos y carencia de recursos por el obligado al pago

En casos de separación, ruptura de la pareja o divorcio si hay hijos comunes que necesitan ser sostenidos económicamente se acuerda una pensión de alimentos, sea cual sea el régimen de custodia.
Hay una situación especialmente compleja que acontece cuando la custodia la tiene uno de los progenitores y la sentencia determina que el otro progenitor ha de pagar una pensión de alimentos, pero éste carece de ingresos.

Debemos partir de una premisa esencial, y que consiste en que los hijos tienen preferencia. Si un adulto carece de recursos económicos puede buscarlos (quizás no los encuentre), pero tiene la aptitud física para hacerlo; mientras que los menores carecen de dicha posibilidad, dependen por completo de sus progenitores para su subsistencia. Por lo tanto cuando el juez se enfrente a la disyuntiva de decidir sobre la pensión de alimentos a favor de uno o más hijos menores, en caso de que el progenitor obligado al pago no disponga de recursos, se debe inclinar a favor de fijar la pensión.
Además hay que añadir que vivimos en una sociedad donde no es infrecuente que se perciban ingresos no declarados, opacos fiscalmente o reducidos artificiosamente. Eso genera un ánimo en los juzgadores poco favorable a dejar a los hijos sin alimentos aunque las pruebas acrediten (a parezcan hacerlo) que el obligado al pago no tiene ingresos.  Hace poco me encontré con un caso en el que el obligado al pago, con más de cuatenta años de edad, presentó un informe de vida laboral donde figuraba que había trabajado 150 días de su vida, y pretendía que la pensión de alimentos para varios hijos menores se dejara en suspenso. Ante la falta de credibilidad de la documentación aportada el juzgador "aconsejó" a su letrado para que aceptara una pensión de cien euros por cada hijo.

Es muy habitual que los abogados seamos informados por los jueces, como incentivo para llegar a acuerdos, que la pensión mínima será de 75 o 100 euros por hijo, con independencia de que el padre no tenga ingresos.

Ahora bien, hay situaciones dónde claramente se puede demostrar que la ausencia de ingresos es real. Tenemos un ejemplo en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2.016, sobre un progenitor encarcelado, y por lo tanto, sin posibilidad de pagar ninguna pensión. El criterio adoptado, que recoge el de la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2.015, sirve de base para regular estas situaciones tan dramáticas: "la suspensión de la pensión se adopta con carácter excepcional con criterio restrictiv y temporal, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y cirncunstacias, se habrá de acudir a la solución que se predca como normal, aún a costa de un gran sacrificio del progenitor alimentante"

Realmente en estas situaciones de pobreza absoluta debería intervenir el estado y proveer a los hijos para sus necesidades (artículo 39 de la Constitución).

Incluso la entrada en prisión no es motivo para suspender la pensión, pero sí que lo es la ausencia radical de medios, que habrá de ser probada, por encima de cualquier duda.

domingo, 31 de diciembre de 2017

Bienes gananciales y privativos: la indemnización por incapacidad permanente pagada por una compañía de seguros

Se trata del caso en el que uno de los cónyuges percibe una indemnización por incapacidad permanente, abonada por una compañía de seguros, y con posterioridad se separa o divorcio.

La sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2.017 afirma que estas indemnizaciones tienen carácter privativo y por lo tanto no se comparten con el otro cónyuge, aún a pesar de que el dinero para pagar las cuotas del seguro hubiera sido ganancial.

La regulación legal se encuentra en el artículo 1346.5 del Código Civil.

La cuestión debatida ha sido fuente de sentencias discrepantes procedentes de diferentes audiencias provinciales; e incluso el Tribunal Supremo se había manifestado a favor de considerar que se trataba de un bien ganancial en una sentencia de 1.988.

El Tribunal Supremo en esta sentencia considera que esa indemnización por incapacidad permanente guarda relación más con la personalidad del beneficiario que con su trabajo, por lo que se considera un bien privativo. Dado que la persona ve mermada su capacidad personal para trabajar se trata de una pérdida personal y por ello privativa.

Es un tema diferente a la pensión mensual por incapacidad que sí será ganancial, pues así lo dice el Código Civil, pero la indemnización abonada de una sola vez es privativa.

Responsabilidad del titular registral por deudas de la comunidad de propietarios

El vendedor de una finca sujeta a la ley de propiedad horizontal está obligado a comunicar la transmisión al administrador de la comunidad o al presidente a efectos de no seguir siendo corresponsable del pago de las cuotas de comunidad devengadas con posterioridad al momento de la venta o donación. Esta obligación viene recogida en el artículo 9.1 i de la Ley de Propiedad Horizontal.

Cuando el transmitente no realiza esa comunicación, la comunidad de propietarios puede demandar al nuevo propietario o al anterior y luego el anterior podrá reclamar al nuevo por las cuotas que pague posteriores a la fecha de la transmisión.

Además el titular registral, incluso cumpliendo su obligación de comunicar la transmisión, debe ser demandado, junto al dueño real, cuando se pretenda el embargo de la finca y eventual subasta por impago de cuotas de comunidad. Aunque en este caso no se le reclama el pago de la deuda, sino que se le demanda para complir la obligación formal de demandar al titular registral para poder sacar a subasta el bien. Todo ello viene contemplado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2.015, sentencia 211 / 2015.

Todo ello implica que el titular registral puede ser demandado en tres supuestos:
- Cuando sea el verdadero dueño. Situación más habitual.
- Cuando fuera titular en el momento en que se devengaron las cuotas impagadas, aunque luego lo haya transmitido.
Pero hay que tener en cuenta que el nuevo titular asume las deudas de la anualidad corriente y de las tres anteriores, por lo que resulta muy conveniente acudir al administrador de la comunidad y solicitar un certificado de  deuda de comunidad antes de adquirir un bien.
- Cuando no comunique la transmisión. Por lo tanto resulta imprescindible que el vendedor acuda al presidente o al administrador de la comunidad de propietarios y le comunique de forma fehaciente (carta entregada en mano con copia sellada y firmada que conserva el remitente, o burofax) que ha transmitido la finca. No cabrá esta demanda cuando se pueda acreditar que la comunidad fue conocedora de la transmisión, aunque no hubiera habido una comunicación formal (por ejemplo si el adquirente es nombrado presidente o secretario de la comunidad).
- Cuando el nuevo dueño no inscriba su adquisición en el Registro de la Propiedad y el anterior sí comunicó su transmisión. En ese caso la demanda contra el anterior tutular tiene efectos solo para el embargo del bien, no para cobrarle la deuda.

sábado, 16 de septiembre de 2017

SENTENCIA SOBRE GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA

Desde finales de 2.016, cuando el Tribunal Supremo dictó una sentencia considerando nula la cláusula de los préstamos hipotecarios que impone a los consumidores el pago de todos los gastos derivados de la constitución del préstamo hipotecario ha habido gran revuelo e interés por ver cómo se iba a resolver en los tribunales el previsible aluvión de reclamaciones sobre esta cuestión, y que afecta a todas las personas y empresas que tienen un préstamo hipotecario. El Tribunal Supremo dijo que la cláusula era nula pero no especificó que gastos debían devolverse al consumidor y cuales no.


Primera cuestión que hay que tener en cuenta es que este debate solo afecta a los gastos del préstamo hipotecario, no a los de la compraventa o la operación que se hiciera a la vez que el préstamo, si es que la había. Los gastos de la compraventa los suele pagar el comprador y resulta legal, aparte de que en esas operaciones el banco no es parte.

Segunda cuestión que hay que considerar es que los gastos son cuatro: notaría, registro de la propiedad, impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y gestoría. El importe mayor de todos ellos corresponde al impuesto, normalmente casi el 50% del total.

Tercera cuestión: no solamente se reclama la devolución de los gastos, sino que la acción principal consiste en pedir la declaración de nulidad de la cláusula que impone al consumidor la obligación de correr con todos los gastos; y accesoriamente se pide el reembolso de los mismos. Esto tiene una consecuencia económica en lo referido a los gastos del juicio: si solo se reclamasen los gastos y estos fueran de 2.000 / 3.000 euros (cifra habitual de gastos en los préstamo) el procedimiento se tramitaría como un juicio llamado "verbal"; pero al tenerse que reclamar obligatoriamente la nulidad de la cláusula mencionada, el procedimiento adecuado es el llamado "ordinario" (como si se reclamasen más de 6.000 euros), que resulta más complejo y por lo tanto más caro para el cliente.

Como ya saben todos los clientes que me han preguntado en el despacho sobre el tema, he aconsejado esperar a ver qué decidían los juzgados de Madrid puesto que ya había habido decisiones contradictorias en otras provincias sobre qué gastos eran reembolsables y cuales no. Si la sentencia decidiera que solo algunos gastos son reembolsables los honorarios abonados a abogado y procurador no se impondrían al banco, y el cliente acabaría prácticamente igual que estaba al principio (lo gastado en el juicio, en abogado y procurador, podría ser una cantidad similar a la recuperada en la sentencia); y obviamente para eso no se hace un juicio.

El gobierno reaccionó con una norma que impone que en cada provincia habría un solo juzgado de primera instancia que se encargaría de resolver estos temas, evitando así resoluciones contradictorias, y en Madrid, el 1 de junio de 2.017, entró en funcionamiento el juzgado de Primera Instancia nº 101 Bis para estos temas.

Hubo alguna sentencia antes de la entrada en vigor de este juzgado que concedió al consumidor la devolución de todos los gastos, pero está recurrida ante la Audiencia.

Y ahora, por fin, tras haberse presentado casi 8.000 demandas en el juzgado 101 entre el 1 de junio y el 30 de julio de 2.017, el 7 de septiembre de 2.017 tenemos la primera sentencia que resuelve este tema y otras cláusulas cuya validez también se cuestionó, pero nos vamos a centrar en la de los gastos:
- El resultado consiste en que se declara la nulidad de la cláusula que impone los gastos al consumidor, pero de forma parcial, y solo se recuperan los gastos de notaría y registro, pero no los del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

La explicación consiste en que se hace una distinción entre el préstamo hipotecario que solicita el cliente y que otorga el banco, y la hipoteca que impone el banco como garantía de devolución del préstamo. Los gastos relacionados con el préstamo los pagará el cliente, y los gastos de la hipoteca los ha de pagar el banco. El préstamo no precisa intervención notarial ni inscripción en el registro de la propiedad, pero la hipoteca sí, con lo cual los gastos del notario y del registro los habrá de pagar el banco, amparándose en la normativa notarial y registral; mientras que el impuesto grava el préstamo no la hipoteca, por lo que la pagará el consumidor, tal y como se desprende de la normativa que regula el impuesto y de decisiones previas de la Sección Tercera del Tribunal Supremo sobre la naturaleza de este tributo.

Aún habría que esperar a que la Audiencia Provincial (órgano superior jerárquico al Juzgado de Primera Instancia) se manifieste, pero este resultado es lógico desde un punto de vista jurídico.

Si se deciden a ir al juzgado primero habrán de recopilar las facturas de los gastos (que los bancos mucha veces no entregaron en su momento), y luego es aconsejable reclamar solo los gastos de notaría, registro y gestoría, pues seguramente se cobrarán las costas (honorarios abonados al abogado y procurador propios, que habrá de pagar el banco), y el cliente acabará viendo algún dinero en su cuenta; no mucho, pero se tendrá un poco de justicia. Y antes habría que enviar un requerimiento al banco para requerir la devolución de estos gastos por si se pueden evitar el juicio.

miércoles, 14 de junio de 2017

Desahucio de viviendas de protección oficial en Madrid

Hace unos años el Ayuntamiento de Madrid, por motivos que aquí no vienen al caso, decidió vender parte de su patrimonio inmobiliario destinado a viviendas que alojan en régimen de alquiler a familias que habían acreditado un bajo nivel de ingresos.
Se trata de viviendas de protección pública.
Tanto el propio ayuntamiento, con las viviendas cuya propiedad conservó, como alguno de los fondos inmobiliarios que han adquirido las otras viviendas por lotes empezaron a presentar demandas de desahucio contra los inquilinos.
Unos de los procedimientos ha llegado al Tribunal Supremo que por sentencia de 12 de mayo de 2.017 ha resuelto sobre la prórroga forzosa existente en este tipo de contratos.
La demanda en este caso fue presentada por el Ayuntamiento, concretamente por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A., en el año 2.013.
En el juzgado de primera instancia se dio la razón a los inquilinos, y la empresa municipal presentó recurso ante la Audiencia provincial de Madrid, que fue estimado, declarándose el desahucio y ordenando el desalojo.
Contra esta sentencia de la audiencia los inquilinos presentaron, a su vez, recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ahora ha dado la razón a los recurrentes (inquilinos).

La cuestión objeto de debate consiste en la duración de estos contratos, que son regulados por el Decreto 100/86, de 22 de octubre, sobre los contratos de arrendamiento de las viviendas de protección pública.

la cuestión había sido resuelta de forma contradictoria en diversas sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, la mayoría a favor de una prórroga forzosa indefinida mientras se cumplan los requisitos de ingresos que se establecen para acceder al alquiler; aunque algunas otras sentencias afirmaban que la prórroga forzosa debía entenderse suprimida por la Ley de Arrendamientos de 1.994, que entendían aplicable a estos contratos en este tema de la duración.

Ahora el Tribunal Supremo dice que:
- la duración de estos contratos viene determinada por el Decreto 100/1986, y se van prorrogando cada dos años siempre que el inquilino  tenga ingresos anuales inferiores a 2'5 veces el salario mínimo interprofesional anual y no disponga de otra vivienda por cualquier título dentro de la Comunidad de Madrid.

Por lo tanto no hay un plazo indefinido pero no se permite el desahucio por expiración del término si el arrendatario cumple los requisitos que le permitieron acceder a la vivienda, que se valoran cada dos años.

martes, 2 de mayo de 2017

Matrimonial. Régimen de separación de bienes e indemnización.

Nuestro derecho común (queda fuera el derecho civil catalán y otros derechos forales) tiene como régimen legal del matrimonio, para el caso de que los cónyuges no pacten otro ante notario, el de gananciales, que significa, a grandes rasgos, que los ingresos de cada cónyuge se suman a un caudal común, y cuando el matrimonio termina (por separación, divorcio o fallecimiento) ese caudal común se reparte al 50%. Quedan excluidos de los bienes comunes los que se adquieren por herencia o donación, que serán conservados por el cónyuge que los recibe como privativos, siempre que no los mezcle con los comunes (por ejemplo recibe 1000 euros en herencia y serán suyos, pero si los ingresa en una cuenta de ambos cónyuges en la que va habiendo movimientos frecuentes, con el paso del tiempo no se podrán definir esos 1.000 euros como privativos y será todo ganancial).

El régimen de separación implica que los ingresos de cada cónyuge son privativos, y que cada uno habrá de contribuir a las necesidades de la familia con una parte de sus ingresos, proporcional a los mismos, pero permitiéndose mantener un patrimonio separado.

El régimen de gananciales está ideado para la situación en la que solo un cónyuge trabaja fuera de casa, y el de separación para cuando los dos tienen ingresos propios; también a grandes rasgos.

Pero sucede que hay matrimonios en los que solo trabaja uno de los cónyuges fuera de casa, mientras que el otro se ocupa de atender a las necesidades de la familia (casa e hijos), pero pactan el régimen de separación de bienes (o tienen vecindad civil catalana). Pues bien, en esos casos se prevé que al final del matrimonio (por separación, divorcio o fallecimiento), el cónyuge que ha trabajado en casa pueda recibir una indemnización del otro al amparo del artículo 1438 del Código Civil.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2.017 mantiene el derecho a esta indemnización aunque no se acredite que durante el matrimonio el cónyuge que se quedó a cuidar de los hijos se hubiera empobrecido, ni que haya habido una imposibilidad de trabajar fuera de casa.

Se da la indemnización si uno solo ha trabajado en casa (aunque el otro también lo haya hecho ocasionalmente). Por contra, si uno ha trabajado más que el otro en casa, pero ambos han trabajado fuera no habrá esta indemnización, aunque pudiera haber pensión compensatoria si hay ingresos distintos entre los cónyuges (hay una sentencia del tribunal supremo en ese sentido).
No se exige empobrecimiento del cónyuge que se queda a trabajar en el hogar.
Se puede pedir aunque el cónyuge que la reclama pudiera haber trabajado fuera y no quiso hacerlo: no se requiere que el otro cónyuge se lo impidiera o que tuviese hijos pequeños a su cargo.  Basta con que de hecho no haya trabajado fuera de casa.

Por lo tanto, si en un matrimonio uno trabaja fuera y el otro en casa es preferible el régimen de gananciales por más justo. Pero si se opta por el de separación de bienes hay que saber (los dos cónyuges han de saber) que esta indemnización es posible, conjuntamente con la pensión compensatoria por desequilibrio económico en el momento de la ruptura en el régimen de separación, aunque normalmente no se pidan las dos.

sábado, 4 de marzo de 2017

Ejecuciones Hipotecarias - suspensión Noticia del 2 de marzo de 2.017.

La normativa reguladora de los procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria (aquellos procedimientos previstos para que el acreedor hipotecario pueda sacar a subasta el bien hipotecado ante el impago del deudor) beneficia decididamente a las entidades financieras. Se trata de un procedimiento que apenas preveía motivos ni cauces de defensa.
En Europa hay un movimiento de consumidores mucho más poderoso que en España, y ha ido presionando en la legislación europea para proteger los intereses de aquellos. Como España está en la Unión Europea, para bien y para mal, las normas continentales operan como marco, límite y guía de las nacionales. Esto ha significado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado ya varias sentencias que han obligado a modificar las normas internas de nuestro país para introducir medios de defensa de los consumidores y usuarios de los productos financieros e hipotecarios.

Y ahora viene la última, hasta la fecha, y es que estamos a la espera de que dicho tribunal se manifieste sobre las ejecuciones por vencimiento anticipado. Ante un nuevo varapalo a la legislación, los tribunales de Madrid han decidido suspender las ejecuciones hipotecarias por este motivo (no por otros) hasta recibir la decisión del tribunal europeo.


Se refieren a procedimientos que quedarían paralizados hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) responda las aclaraciones planteadas por el Tribunal Supremo a su sentencia en la que determinaba la ilegalidad de varios procesos en España al no adecuarse a la normativa europea.
Hace unas semanas, el Alto Tribunal pidió al tribunal europeo aclaraciones sobre cómo proceder en los casos de nulidad de cláusulas hipotecarias. Además, reclamó “que la petición se tramite por el procedimiento acelerado”.

Con ello quedamos a la espera y en suspenso.
Y como en tantas ocasiones con poderes legislativos y ejecutivos que no actúan hasta que les tienen que llamar la atención.