jueves, 24 de noviembre de 2016

Pensión de alimentos para hijos mayores de edad.

Las pensiones de alimentos fijadas a favor de los hijos no se extinguen automáticamente con la mayoría de edad de los mismos, sino que se prolongan en el tiempo mientras los hijos se encuentren estudiando con aprovechamiento o no encuentren trabajo por causas que no les sean imputables.

Se entiende que los hijos estudian con aprovechamiento si se trata de estudios oficiales y se van aprobando los exámenes, aunque no sean todos, pero que se aprecia un interés y resultados positivos en esos estudios.

Y en cuanto a pagar pensión de alimentos a hijos mayores de edad que se encuentran en desempleo cabe ese pago durante unos meses, a criterio discrecional del juzgado; apreciándose que los juzgados han ido sido sensibles a la situación de crisis económica, permitiendo que la obligación de pagar alimentos se mantenga más tiempo desde hace unos años. La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2.008 decía que la obligación de pagar se extiende hasta que los hijos alcancen la suficiencia económica, siempre y cuando la necesidad no haya sido creada por la conducta del propio hijo.

Es cada vez más frecuente que se fijen plazos en las pensiones de alimentos para hijos mayores de edad, en función de las expectativas: así la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2.016 considera adecuado mantener una pensión de alimentos durante 3 años después del fin de los estudios de magisterio de una hija, considerando que ese plazo será suficiente para que apruebe las oposiciones oportunas.

No se exige independencia económica sino haber incorporado al mercado laboral en las condiciones que se vienen dando habitualmente: basta contratos precarios o trabajos temporales mal pagados para que se extinga la pensión de alimentos. No hace falta que se generen ingresos para irse a vivir por su cuenta.

Ello significa que una vez que el hijo o hija empieza a trabajar de forma más o menos continúa (que no son trabajos de verano o fines de semana para ayudarse con los gastos) se puede pretender la extinción de la pensión, y si no hubiera acuerdo entre los progenitores se puede intentar por vía judicial que se decrete el fin de la obligación de pago.

Las pensiones de alimentos fijadas en procedimientos matrimoniales se abonan siempre al progenitor con el que viva el hijo, aunque éste ya sea mayor de edad; los pagos a los hijos directamente, no tienen carácter liberatorio y pueden motivar una reclamación por el progenitor con el que el hijo mayor conviva. Solamente las pensiones fijadas en procedimientos iniciados por los hijos habrán de abonarse directamente a ellos.


jueves, 20 de octubre de 2016

Pensión de alimentos. Gastos extraordinarios

Además de fijarse una pensión de alimentos en favor de los hijos, las sentencias de pleitos matrimoniales y los convenios reguladores de separaciones y divorcios contienen una referencia que dice que los gastos extraordinarios de los hijos se abonarán al 50% entre los progenitores.
Hay casos donde ese porcentaje es diferente, y en otros  donde se especifican qué gastos van a ser considerados como extraordinarios.

La tendencia de la jurisprudencia viene siendo la de restringir los gastos que van a gozar de tal consideración, limitándolos a los gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social o seguros médicos privados, que serían dentista, psicólogo, óptico y poco más.

Para que un gasto sea extraordinario habrá de ser imprevisto, lo que lleva a la Audiencia Provincial de Madrid a excluir de la categoría de extraordinarios los gastos de libros, material escolar, clases extraescolares, viajes de fin de curso y similares.

Una cuestión ha de quedar clara: si en el convenio se han descrito como extraordinarios los libros y material escolar, habrán de pagarse aparte de la pensión. Pero si en el convenio o sentencia no se mencionan como extraordinarios esos gastos no podrán ser exigibles como extraordinarios ante los tribunales.

Por lo tanto, primera conclusión: los libros, material escolar, clases de apoyo, actividades deportivas y similares deberán ser contabilizadas a la hora de calcular el importe de la pensión ordinaria de alimentos cuando se inicia un pleito matrimonial, porque luego no van a poderse exigir como gastos extraordinarios.

Segunda conclusión: aunque en el convenio o la sentencia no dijera que los libros son gastos extraordinarios a pagar a medias, han habido resoluciones judiciales que los han considerado tales en fase de ejecución (reclamación posterior a la sentencia), y se ha exigido su pago, incluso con embargo de nómina u otros bienes del obligado al pago.

Tercera conclusión: tenemos una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2.016 que dice que "los gastos causados al comienzo del curso escolar de cada año son gastos ordinarios en cuanto son gastos necesarios para la educación de los hijos, incluidos, por lo tanto, en el concepto legal de alimentos.... Y porque se producen cada año son ... periódicos y.... previsibles".
Por lo tanto no serán exigibles en ejecución de sentencia.

Esta situación, que no es nueva por cuanto la Audiencia Provincial de Madrid lleva años con este criterio, crea un perjuicio en aquellos casos en los que el progenitor custodio a la hora de pedir la pensión de alimentos no tuvo en cuenta los libros y material escolar, pensando que los podría pedir año a año, cuando se fueran produciendo, dentro de los gastos extraordinarios, pues ahora no podrán exigirlos judicialmente si el otro progenitor se niega a pagarlos de forma voluntaria.

domingo, 7 de agosto de 2016

Impugnación de paternidad por el padre que reconoció un hijo que no era suyo

Se trata de los reconocimientos llamados de complacencia, aquellos en los cuales un hombre reconoce a un menor de edad como hijo suyo, cuando este menor aparecía inscrito en el Registro Civil solo con los datos de la madre (padre desconocido), a sabiendas de que tal hijo no es suyo biológicamente.

Sucede que en ciertos casos, la nueva pareja se rompe y el padre (que no lo es en la realidad) no quiere abonar una pensión alimenticia por un hijo que no es suyo.

En principio parece una situación un tanto frívola pasar de reconocer a una persona como hijo, para posteriormente rechazar tal parentesco; sobre todo porque se afecta a menores de edad, ajenos a los avatares de las relaciones familiares de los adultos.

Ha existido durante años bastante debate jurídico sobre si los reconocimientos de paternidad se podían impugnar en estos casos, dado que no cabe invocar  que se hubiera producido un error de consentimiento, puesto que el que se presentaba como padre ante el Registro Civil sabía con plena certeza que el menor al que reconocía como hijo suyo no lo era realmente.

El Tribunal Supremo, en su reciente sentencia de 15 de julio de 2.016, afirma que estas decisiones de impugnar un reconocimiento de paternidad tras el cese de la convivencia con la madre no constituyen un acto frívolo, sino que deben verse amparados por la libertad de iniciar nuevas relaciones sin cargas de hijos que no son realmente propios. Es decir, se admite la impugnación de la paternidad en los reconocimientos de complacencia.

Ahora bien, esa sentencia impone un requisito temporal para presentar la demanda de impugnación, distinguiendo a su vez, si se trata del reconocimiento de un hijo matrimonial o no. Será matrimonial cuando el padre (reconocedor) y la madre hubieran contraído matrimonio antes o después del reconocimiento de la paternidad; y será extramatrimonial si no hay vínculo matrimonial entre la madre y el hombre que reconoce al hijo de aquella.

En el caso de hijos matrimoniales el plazo para impugnar el reconocimiento es de un año a contar desde la perfección de dicho reconocimiento, aunque si el matrimonio se produce dentro de los 365 días posteriores al reconocimiento el plazo se cuenta desde la boda; si el matrimonio se celebra después de transcurrido un año desde el reconocimiento ya no cabrá impugnar. En el caso de los hijos no matrimoniales (la madre y el hombre que reconoce al hijo no contraen nunca matrimonio) el plazo para la impugnación se extiende hasta los cuatro años.

Por lo tanto se admite la impugnación del reconocimiento pero solo durante unos periodos relativamente breves, en aras de la seguridad jurídica.


martes, 5 de julio de 2016

Desistimiento en los contratos de arrendamiento

Frecuentemente los contratos de arrendamiento no duran lo pactado, a veces por incumplimiento de alguna de las partes, o por otros motivos.
La cuestión que vamos a analizar ahora consiste en aquellos supuestos en los que el arrendatario pretende dejar el alquiler del local de negocio antes de plazo alegando que no tiene rentabilidad económica (desistimiento).
El asunto ha sido resuelto por una sentencia del Tribunal Supremo en el recurso 1870/2013. Se trataba de que la arrendataria cerró el negocio que tenía alquilado en el centro de Sevilla y envió las llaves al dueño  por medio de mensajero.  La propietaria presentó demanda solicitando que se declarara la subsistencia del contrato y que la arrendataria continuara pagando; la arrendataria solicitó que se declarara resuelto el contrato con fecha 30 de junio 2.009 por incumplimiento del propietario dado que hubo unas obras en la calle que sin impedir la actividad, si que la dificultaban.

Esta sentencia distingue tres tipo de casos:
- aquellos en los que hay una cláusula que permita resolver al arrendatario, quedando obligado a pagar una multa o indemnización. Sentencias del Tribunal Supremo de 23 diciembre 2.009, 10 diciembre de 2.013 y 29 de mayo de 2.014
- casos en los que no hay tal cláusula que permita el desistimiento del arrendatario, pero ante la manifestación del arrendatario de querer resolver, el arrendador no acepta y pide el cumplimiento del contrato según lo pactado. Sentencia 26 junio 2.002.
- los últimos casos son aquellos en los que no hay cláusula pero el arrendador acepta o acaba por aceptar la resolución del contrato reclamando una indemnización por incumplimiento del arrendatario. Sentencia de 9 de abril 2.012.

En el caso estudiado, que sitúa entre los del segundo grupo, no cabe moderación de la indemnización, puesto que no se pidió tal, sino las rentas de los meses transcurridos, pues ni se aceptó la resolución, ni había cláusula en el contrato que permitiera el desistimiento.
Se considera que si bien el arrendatario perdía ingresos por las obras, también el arrendatario vio disminuidas sus posibilidades de tener otro arrendatario, dado que no eran obras que estuvieran bajo dominio del arrendatario, sino del ayuntamiento que las había acordado..

De todas formas es conveniente para ambas partes establecer una cláusula que fije con claridad la indemnización que habrá de pagar el arrendatario si desiste del contrato antes del plazo, compensando al arrendador por las rentas que no se van a percibir. También hay que considerar que puede haber una justa causa para el desistimiento, y demostrada una pérdida de ingresos, se podría considerar que no hubiera derecho a indemnización.

Es una cuestión muy controvertida donde cada caso, con sus propias peculiaridades, puede encontrar una solución distinta en la jurisprudencia.

domingo, 15 de mayo de 2016

Duración arrendamiento local sujeto a prórroga forzosa pero posterior al decreto Boyer

Se trata de un caso poco frecuente pero interesante.
El 9 de mayo de 1.985 entró en vigor en materia de arrendamientos el Decreto Boyer, que supuso el fin de la prórroga forzosa con carácter general para los contratos suscritos con posterioridad a aquella fecha. Desde ese momento solamente cabe prórroga forzosa en los contratos anteriores a esa fecha, o en los posteriores que voluntariamente recogían entre sus cláusulas que se sometían a ese régimen.
Por extraño que pueda parece se celebraron contratos, sobre todo sobre locales, en los cuales se pactó expresamente la prórroga forzosa, de forma que el dueño sabía que tenía un arrendatario por mucho tiempo con la renta actualizándose cada año, y el arrendatario tenía la garantía de que, cumpliendo sus obligaciones, podría permanecer en el local durante mucho tiempo. Eran casos donde el arrendatario asumía fuertes inversiones en obras y reformas y quería amortizarlas a largo plazo.

El asunto ha sido examinado por el Tribunal Supremo, en su sentencia de 12 de marzo de 2.015,
llegando a la siguiente conclusión: A esos contratos les resulta aplicable la Disposición Transitoria 3ª de la Ley de Arrendamientos Urbanos  de 1.994, porque si el legislador estableció en el Decreto Boyer la temporalidad de los contratos, obviamente ese criterio resulta aplicable a los contratos posteriores a mayo de 1.985, y por lo tanto los suscritos por persona física se extinguen a la jubilación o fallecimiento del arrendatario, pudiéndose subrogar el cónyuge hasta su jubilación o fallecimiento. Si ya se hizo la primera subrogación a favor del cónyuge, o si no hubiera tal, se puede subrogar un descendiente si no hubieran transcurrido 20 años desde 1 enero 1.995, y esa subrogación durará hasta 31 de diciembre de 2.014.
Si el arrendatario fuera una sociedad, el contrato se extingue a los 20 años de la entrada en vigor de la ley de arrendamientos de 1.994  (31 de diciembre de 2.014).
Estos periodos se extienden si media un traspaso válido.

Por lo tanto los propietarios de locales que aún no hayan extinguido los contratos de arrendamiento anteriores a mayo de 1.985, o posteriores que incluyeran la prórroga forzosa en sus cláusulas, deberán tener presente que normalmente sus contratos pueden resolverse desde el 1 de enero de 2.015, fecha en la que transcurrieron los 20 años desde la entrada en vigor de la ley de arrendamientos urbanos de 1.004, actualmente vigente.

sábado, 2 de abril de 2016

Desheredación mediante donación en vida

En España, más concretamente en las zonas donde no hay legislación foral se impone un régimen sucesorio que obliga a dejar buena parte de la herencia a los parientes más próximos, y que dificulta mucho desheredar a uno de estos familiares.
Las causas de desheredación son muy pocas y se interpretan restrictivamente por los tribunales, por lo que se aplican pocas veces; la más común que sería el abandono se refiere a la falta de ayuda económica cuando resulta indispensable, por lo que un hijo que no se trata con su padre no se verá privado de su legítima siempre que el padre disponga de medios económicos suficientes.

Normalmente se acude a una desheredación por vía de hecho, vendiendo o donando los bienes mientras aún se está vivo, a favor de los parientes con los que existe mejor trato.

Pues bien, una reciente sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Castilla León, conocida a finales de marzo de 2.016, viene a decir que todos los bienes donados en vida del testador a favor de uno de los hijos habrán de reintegrarse al patrimonio hereditario y deberán ser repartidos entre todos los herederos. Esto implica ir más allá del momento del fallecimiento, pues se trata de fiscalizar y someter a control judicial las donaciones realizadas mientras el dueño de los bienes estaba vivo, con la finalidad de que no se perjudiquen los derechos hereditarios de ninguno de los hijos.

Aunque en otros países se permite que se dejen los bienes según la voluntad del testador, en nuestro Derecho, se ha optado, por tradición que arranca en el Imperio Romano, por mantener los bienes dentro del ámbito de la familia, limitando la capacidad de disposición de los propietarios. Esa limitación existe incluso para los actos de liberalidad (donación) mientras estamos vivos, pues no se puede dar en donación más de lo que se puede dar en testamento, lo que significa que, teniendo hijos, no podremos regalar a alguien que no sea hijo más de un tercio de los bienes, que es el montante que podremos entregar en herencia a una persona que no sea nuestro hijo.

Dentro de los herederos forzosos podremos establecer distinciones y se permite mejorar a unos hijos respecto de otros, pero todos los hijos habrán de participar igualmente en un tercio de los bienes de su padre y de su madre, salvo los especiales supuestos de desheredación.

La Sentencia de la Audiencia de Castilla León también trata de poner coto a ciertos abusos que suceden con las personas mayores a los que algunos hijos van convenciendo de que les dejen los bienes en vida, perjudicando los derechos de los otros hijos, muchas veces apartando a los mayores de los demás parientes, y controlando y coaccionando su voluntad y sus acciones.

lunes, 8 de febrero de 2016

Desahucio por falta de pago tasa de basuras

Ha habido una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2.015 que analiza una situación surgida en relación con un contrato de arrendamiento anterior a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1.964 y el pago de la tasa de basuras.

La tasa de basuras es de reimplantación relativamente reciente. Existió hace bastantes años pero se incorporó a la contribución urbana, actualmente llamado Impuesto de Bienes Inmuebles. Hace un par de años muchos ayuntamientos volvieron a crear la tasa de basuras como un medio de aumentar su recaudación.

Por aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1.994 (actualmente vigente) se establece que el Impuesto de Bienes Inmuebles podrá ser repercutido a los arrendatarios de viviendas y locales con contratos de arrendamiento anteriores al 9 de mayo de 1.985 (fecha de entrada en vigor del Decreto Boyer que puso fin a la prórroga forzosa en los contratos de arrendamiento). Esto permite que, incluso en los casos en los que no se pueda actualizar la renta por las circunstancias personales del arrendatario, el propietario no se vea gravado con el Impuesto de Bienes Inmuebles, pues podrá exigir el pago de su importe al arrendatario.

El tema se complica con la aparición de la tasa de basuras, pues no es un concepto mencionado en la Ley de Arrendamientos de 1.994, con lo cual había dudas sobre si era repercutible o no al arrendatario. Esa misma duda ha surgido con todos los contratos firmados antes de la entrada en vigor de la mencionada tasa, pues no se sabía si era algo a pagar por el propietario o por el arrendatario, si era asimilable al IBI o no; y si no se regulaba su pago en el contrato cabía preguntarse quien habría de pagarlo.

La sentencia arriba mencionada solo se refiere a los contratos anteriores a mayo de 1.985 y su doctrina afirma que el arrendatario habrá de pagar la tasa de basuras; y si no lo hiciera, como ha sido en el caso enjuiciado, podrá ser desahuciado, al considerarse esta tasa como una cantidad asimilada a la renta. El caso en concreto ha supuesto el fin de un contrato de arrendamiento de renta antigua por la falta de pago de unos pocos euros.

El Tribunal Supremo afirma que la tasa de basuras ha de pagarla el arrendatario por aplicación de la legislación de arrendamientos del año 1.994, y porque el RD 2/2004 de 5 de marzo, que contiene la Ley de Haciendas Locales, en sus artículos 23 y 20.4 dispone que el sujeto pasivo de la tasa es la persona beneficiada por el servicio, que es obviamente el ocupante de la vivienda o local. Y esta doctrina será seguramente aplicable a todos los contratos posteriores a mayo de 1.985, donde no se prevea expresamente quien ha de pagar la tasa de basuras, que habrá de ser el arrendatario del local o vivienda.