ENERVACIÓN DE LA ACCIÓN DE DESAHUCIO. REQUISITOS DEL REQUERIMIENTO DE PAGO

La enervación de la acción de desahucio viene regulada en el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y consiste en la posibilidad que tiene el arrendatario  de seguir con su contrato de alquiler cuando paga las cantidades reclamadas  en un procedimiento de desahucio, dentro de los 10 días posteriores al requerimiento judicial. Además tendrá que pagar las costas del proceso, que incluyen los honorarios del abogado y procurador del arrendador más las tasas judiciales.

Hay una fórmula para que el propietario impida que el juzgado conceda esta oportunidad de enervación al arrendatario, que consiste en remitir previamente al inicio del trámite judicial un requerimiento de pago, y presentar la demanda transcurrido un mes desde tal requerimiento sin que el arrendatario haya pagado.

Según la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2.014 el requerimiento que puede impedir la enervación en el procedimiento de desahucio ha de tener los siguientes requisitos:
  - Tratarse efectivamente de un requerimiento para que se paguen rentas o cantidades asimiladas (IBI, obras, suministros, etc.) pendientes de abono, cuyo pago corresponda por contrato o por ley al arrendatario. 
  - El requerimiento debe enviarse de forma fehaciente: el contenido debe poderse probar. Eso exige la forma notarial o por burofax con certificación de texto. Se excluye la carta por correo certificado.
  - Debe transcurrir un mes hasta la presentación de la demanda.
  - Las cantidades reclamadas deben permanecer impagadas total o parcialmente.

Una cuestión interesante consiste en determinar el contenido del requerimiento, y más concretamente, si el requerimiento debe contener un aviso al arrendatario de que caso de que no se paguen las cantidades reclamadas se procederá a la demanda solicitando la resolución del contrato, y se impedirá la enervación de la acción de desahucio.

A este respecto cabe decir que han habido sentencias contradictorias entre diversas audiencias provinciales, pues unas exigían que el requerimiento advirtiera expresamente al arrendatario de las consecuencias que podría acarrear el hecho de no pagar las cantidades reclamadas, y otras sentencias consideraban que para impedir la enervación no hacía falta haber advertido al arrendatario de dichas consecuencias y de las medidas que tomaría el propietario.

Mediante sentencia de fecha 26 de junio de 2.014, dictada en el recurso 1437/2013, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de resolver la cuestión controvertida. Se trataba de un asunto de un contrato de renta antigua (año 1.956), en el cual el propietario remitió una carta al arrendatario reclamándole el pago de unas cantidades por repercusión por obras, el IBI y actualización de rentas, indicándole que durante un determinado periodo tendría que pagar una nueva cantidad de cuota mensual de alquiler. Transcurrido el plazo de un mes sin que el arrendatario hubiera pagado la cantidad reclamada, el propietario interpuso demanda de desahucio negándole al arrendatario la posibilidad de enervar la acción, a pesar de que el arrendatario ingresó en la cuenta del juzgado toda la cantidad reclamada inmediatamente recibió la demanda. La Audiencia Provincial dio la razón al arrendatario cuando afirmó que el propietario debería haberle advertido expresamente de que si no pagaba solicitaría la resolución del contrato, pidiendo que el arrendatario no tuviera la oportunidad de enervar la acción pagando lo reclamado tras recibir la demanda.

El propietario presentó recurso ante el Tribunal Supremo, que le ha dado la razón considerando que el requerimiento previo a la demanda, cumpliendo estrictamente los requisitos del artículo 22.4 de la LEC (plazo de un mes y vía fehaciente), es suficiente para impedir la enervación de la acción, sin que sea necesario advertir al arrendatario de que caso de que no pague en un mes se solicitará la resolución del contrato y se impedirá la posibilidad de enervar.

Los fundamentos de la sentencia consisten por un lado en que no se puede obligar al propietario a convertirse en consejero del arrendatario y, por otro, que la enervación no es un derecho sino una oportunidad.

Así que el arrendador podrá remitir los requerimientos sin dar más información de la necesaria, y el arrendatario debe acudir inmediatamente a un abogado en cuanto reciba una comunicación fehaciente del dueño.

Régimen de visitas cuando los progenitores residen en distintos domicilios

Pongamos el caso de una separación o divorcio terminados por sentencia que fija un régimen de visitas para los hijos menores, contando con que los progenitores residen en la misma localidad o en poblaciones cercanas. Pasa un tiempo y uno de los progenitores decide cambiar de domicilio, con lo que el cumplimiento de las visitas deviene o más costoso, o directamente imposible de afrontar económica y físicamente.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia con fecha 26 de mayo de 2.014, en el recurso 2710/2012, en la que viene a analizar la situación creada en circunstancias como la expuesta más arriba, y que por las dificultades laborales y la mayor movilidad geográfica exigida a los trabajadores, resulta cada vez más frecuente.

Desde hace varios años han habido muchas resoluciones judiciales que han tratado estos temas y han llegado, mayoritariamente, a la solución de distribuir el gasto de los traslados entre los dos progenitores; incluso, aunque la variación de domicilio ha sido acometida solo por uno de ellos y contra el consentimiento del otro. Se ha optado en la mayoría de los casos por que cada progenitor haga un viaje (el no custodio recoge a los niños de su domicilio habitual, y el custodio va a por ellos donde hacen la visita), o pagan los gastos a medias (varios medios de transporte han creado un sistema de acompañantes para menores), o bien se reduce el importe de la pensión de alimentos teniendo en cuenta que el progenitor no custodio (el que hace las visitas) va a tener que incurrir en un nuevo gasto no contemplado anteriormente.
Sin embargo había sentencias que determinaban que el progenitor no custodio debe cargar con todo el gasto derivado de las visitas, aunque el cambio del domicilio hubiera sido del  progenitor custodio que se llevaba a sus hijos a otra población o provincia.

Ahora la sentencia de 26 de mayo de 2.014 viene a establecer unos criterios que más parecen pautas orientativas para solucionar estos problemas. Y las califico así porque, tal y como veremos, van a permitir a cada juzgado seguir haciendo lo que considere oportuno a la vista del asunto concreto sometido a su decisión; lo que, por otra parte, quizás sea la única solución posible en una materia como el derecho de familia. Este sistema de dejar la cuestión al arbitrio de cada juzgado crea bastante inseguridad tanto a los interesados como a los profesionales, pero en Derecho de Familia resulta bastante habitual por la infinidad de posibilidades que pueden surgir en la práctica diaria.

En primer lugar la sentencia dice que hay que dar primacía a los acuerdos de las partes; algo obvio y evidente. En segundo lugar afirma que un progenitor recoge a los niños y el otro se encarga de devolverlos a su domicilio habitual, repartiendo así las cargas; fijando ésta como la solución para la mayoría de los casos.
Por último determina que, dependiendo de las circunstancias del caso (distancia, ingresos de cada progenitor, y otros), en interés del menor y haciendo una distribución equitativa de las cargas, el juez podrá atribuir la obligación de recoger y retornar a los menores sobre uno de los progenitores, con la correspondiente compensación económica que deberá ser motivada en la resolución judicial.
Se hace especial hincapié que en casos de larga distancia entre los domicilios de los progenitores habrán de ser estudiados y valorados individualmente.

Es decir, que no hay criterios generales, y que el juez deberá valorar cada caso, pero que hay que distribuir la carga entre los progenitores, sin mencionar quién ha sido el que ha cambiado voluntariamente de domicilio creando, aunque sea involuntariamente, el problema.

Será conveniente intentar negociar, y si no se llega a un acuerdo habrá que acudir al juez, incluso por parte del progenitor que se marcha, a quien no se le va a impedir el traslado, pero sí que va a tener que compartir los gastos que supongan las visitas en las nuevas circunstancias.
Lo que no resulta admisible es marcharse sin más, o que el otro progenitor exija por vía de ejecución de sentencia el cumplimiento de unas visitas que ya han devenido imposibles por el traslado del progenitor con los hijos comunes.

Pensión compensatoria. Modificación de medidas

En esta época de crisis, larga ya, con mucha frecuencia la situación económica de las personas ha cambiado a peor, por menores ingresos o mayores cargas, y ello motiva que se pretendan reducir o extinguir pensiones fijadas en resoluciones de pleitos matrimoniales a favor de los hijos o de los cónyuges.

Los tribunales son bastante estrictos a la hora de estimar estas peticiones exigiendo que los cambios alegados tengan una importancia grande, sean prolongados en el tiempo, y ajenos a la voluntad de la parte que solicita el cambio. Por ejemplo, si una persona ve reducidos sus ingresos en un 20% o más, por decisión de su empresa, y no se vislumbra que la situación mejorará en un futuro próximo, resulta bastante razonable pensar que las medidas económicas complementarias de la separación o divorcio van a sufrir una reducción proporcional.

Ahora bien, hay un segundo elemento a considerar, aparte de la propia alteración de la situación económica, y consiste en la regulación de la medida vigente. Resulta mucho más difícil de modificar una medida previamente acordada en un convenio regulador que la decidida en una sentencia judicial de un procedimiento tramitado por vía contenciosa, al que ninguna de las partes ha dado su conformidad expresa.
Por lo tanto, cuidado con los acuerdos firmados con apresuramiento o por sentimiento de culpa o responsabilidad, pues podrán pesar como losas durante años y años. Cuando se firma un convenio porque se ha alcanzado un acuerdo en las medidas complementarias de la separación o divorcio hay que valorar que esas medidas pactadas van a durar mucho tiempo y van a ser difícilmente modificadas.

Además el juez analizará el acuerdo que ahora se pretende modificar y examinará el redactado de la estipulación en busca de algún elemento que permita mantener su vigencia.

Recientemente una sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2.014 en un proceso de modificación de pensión compensatoria (la que tiene como finalidad compensar el desequilibrio de ingresos entre los cónyuges con motivo de la ruptura de la convivencia, sin tener en cuenta los hijos) ha fijado como doctrina que si en el convenio regulador de la pensión se estableció que la pensión no se extinguiría aunque la mujer trabajara, luego, en el divorcio, esa pensión no se modificará aunque hayan cambiado las circunstancias y la mujer efectivamente haya encontrado empleo.
Hay doctrina jurisprudencial que afirma que el divorcio permite un nuevo examen de toda la situación tenida en cuenta en el previo procedimiento de separación, pero ahora se viene a establecer que se respetarán los pactos previos.
En este caso, en el convenio de separación, los cónyuges acordaron que si la esposa trabajaba se reduciría un tanto la pensión siempre que ella cobrara determinada cantidad por su trabajo. En el divorcio el marido solicitó que se examinará toda la situación económica de las partes de nuevo y, dado que la mujer ya trabajaba, se extinguiera la pensión compensatoria con independencia de los niveles de ingresos pactados en la separación (aunque la esposa no gane la cantidad que según el convenio de separación permitiría la reducción de la pensión compensatoria). El Tribunal Supremo dice que lo pactado se mantiene, y debe ser respetado aunque hayan cambiado las circunstancias de hecho.

Esto nos debe llevar a tratar los acuerdos como algo que puede durar mucho tiempo y que hay que meditar con cuidado antes de firmarlo. Que la frase de más vale un mal acuerdo que un buen pleito no siempre es acertada; solo es válida la frase: más vale un buen acuerdo que un mal pleito.

Precario entre coherederos. Viviendas ocupadas por algún heredero.

Se trata de un tema muy habitual que da lugar a frecuentes problemas familiares, y consiste en la ocupación de una vivienda cuyos dueños están fallecidos (o uno de ellos al menos) por parte de alguno de los herederos. Un ejemplo ayudará a situarse: imaginemos la casa de un matrimonio ya mayor, fallece uno de los cónyuges, y el otro es acogido por un familiar o ingresado en una residencia (o han fallecido los dos, que para el caso es lo mismo), y resulta que un hijo, o un nieto, siendo heredero de los dueños, se mete en la casa antes de que se haya adjudicado la herencia en escritura notarial, existiendo otros herederos llamados a la misma herencia.

La posición del Tribunal Supremo, sobre todo desde el año 2.010, ha consistido en considerar que en esas situaciones se produce un abuso de derecho por parte de la persona que ocupa la vivienda, y que cualquiera de los otros herederos puede solicitar judicialmente el fin de la ocupación por medio de un procedimiento de desahucio por precario.

Surge un problema jurídico y es que mientras que un precarista carece de título de ocupación, un heredero siempre tendrá ese título; pero el Tribunal Supremo afirma que el uso exclusivo de un bien común por parte de uno de los llamados a la herencia supone un abuso de derecho, puesto que comporta un perjuicio o despojo injustificado de los demás coherederos, por lo que se abre la vía del desahucio por precario, como solución judicial.

En Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de julio de 2.013 se insistió en la doctrina porque una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid afirmaba que había que analizar caso por caso, y que no habría abuso de derecho si el coheredero que ocupaba la finca tenía derecho a una gran cuota de propiedad sobre el bien, o que estuviera viviendo en la finca antes del fallecimiento del dueño. Ante esta cuestión el Tribunal Supremo afirmó que el abuso de derecho se daba siempre que se privara a cualquier coheredero de su derecho de uso o disposición libre sobre el bien, con independencia de las cuotas de propiedad o de otros factores. Hay abuso de derecho cuando un coheredero ocupa la finca sin el consentimiento de los demás coherederos.

Y ahora, con la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de abril de 2.014 se da un paso más, continuando con la misma linea de interpretación. Se trata de un caso en el que una madre presentó una demanda de desahucio contra un hijo que ocupaba la vivienda del padre fallecido. El padre había hecho el típico testamento "del uno para el otro", dejándole a la esposa el usufructo universal y vitalicio. Antes de repartir la herencia el hijo ocupó la finca, siendo también designado heredero en el testamento del padre. La Audiencia Provincial declaró que el hijo es un precarista y que no tiene título para habitar la vivienda, estimando la demanda de la madre, aunque ella, por su situación personal, concretamente por su estado de salud no puede habitar la vivienda. El tema pasó al Tribunal Supremo porque había jurisprudencia contradictoria y la decisión del Supremo ha consistido en ratificar la postura de que en esos casos la madre (que tiene el usufructo, aunque no la propiedad, y ni tan siquiera puede habitar la vivienda) puede reclamar que el hijo sea desahuciado de la finca por precarista.

Por lo tanto en estos casos en los que un heredero ocupa el inmueble antes del reparto de la herencia, cualquiera de los demás coherederos podrá solicitar que se desahucie al ocupante, que puede ser propietario de una cuota de la herencia, pero ello no confiere título para usar en exclusiva la vivienda, privando a los demás del uso o dificultando sus posibilidades de disponer (vender) la finca.

Desahucio cuando la arrendataria se encuentra en concurso de acreedores.

En esta época de crisis inacabable nos encontramos con frecuencia que las empresas arrendatarias entran en concurso de acreedores y los dueños de los locales o naves se enfrentan con graves dificultades para cobrar las rentas.

Hay que tener presente que en estas situaciones se aplican normas específicas que provocan importantes diferencias en los procedimientos de desahucio. 

La primera cuestión a valorar es que sería razonable no reclamar las rentas, sino solamente el desahucio. Posteriormente se podría reclamar la cantidad, una vez recuperada la posesión, y por un motivo que expongo más adelante. 

El procedimiento , SI AÚN NO HUBIERA DECLARACIÓN DE CONCURSO, se debe celebrar en los juzgados competentes sobre la finca, 

Si se reclaman rentas (o incluso también aunque no se haya hecho) la arrendataria podría alegar como motivo de oposición encontrarse en preconcurso de acreedores. Si hay reclamación de cantidades podría demorarse el desahucio, pero si no se han reclamado es más fácil que el pleito continúe; por ello sería conveniente pedir solamente el desahucio, y dejar para un posible pleito posterior la reclamación de las rentas impagadas.

El crédito por esas rentas impagadas no tiene preferencia especial; iría detrás de trabajadores, Hacienda y Seguridad Social. El crédito de las rentas tendría preferencia temporal sobre créditos de similar naturaleza que se hubieran reclamado más tarde.

La declaración de concurso (auto judicial de declaración de concurso, lo que sucede tiempo después de presentada la solicitud del concurso) puede afectar al desahucio de varias formas:
1. Si la demanda de desahucio se presenta y el procedimiento de desahucio concluye antes de que se declare el concurso, no hay ningún obstáculo. Pero el arrendatario puede utilizar el hecho de haber solicitado la declaración de concurso para suspender el desahucio, y depende del juez del desahucio admitirlo o no, pues según la Ley Concursal solo se incide en el desahucio tras la declaración del concurso, pero aún antes el juez del desahucio podría paralizarlo.

2. Si la demanda se presenta después de declarado el concurso hay que tramitar el desahucio ante el Juez del Concurso, que es un juzgado de lo mercantil, normalmente saturado. El procedimiento se vuelve un calvario, por lentitud entre otras cosas.

3. El juez del concurso puede declarar que, en beneficio del concurso, el contrato se enerva (se salva, no se resuelve): entonces se pagan las rentas con carácter preferente, y el contrato continúa. No hay desahucio, pero las rentas se pagan tarde, pueden ser necesarios otros desahucio reclamando el pago. Esa enervación o salvación del contrato se aplicará aunque hubiera otra anterior o se hubiera reclamado fehacientemente con un mes de antelación; es decir no se aplican los requisitos que en general impiden la enervación, sino que queda a criterio del juez, que suele optar por la enervación como medio de intentar salvar la empresa.

4. Las rentas posteriores a la declaración del concurso, que no se reclaman en la demanda de desahucio inicial, no tienen ninguna preferencia. Incluso el juez puede ponerlas en último lugar a cobrar si considera que el propietario del local está entorpeciendo la labor de la empresa concursada.

El orden de los créditos viene en los artículos 90 y siguientes de la Ley Concursal. Entre los créditos privilegiados se mencionan los del arrendamiento financiero, pero no los del arrendamiento de inmuebles.

Mientras tanto la arrendadora debe cumplir con sus obligaciones contractuales. Impedir el acceso al recinto o el uso de las instalaciones podría lugar a un juicio contra la arrendadora, que podría ser condenada a indemnizar a la arrendataria, aparte de entorpecer el desahucio.

Esto implica que a la menor posibilidad de que la arrendataria se mueva en una situación de retraso en los pagos, el dueño debería buscar el desahucio antes de que se declare el concurso, porque el desahucio de empresa ya concursada es muy complicado.

Pensión compensatoria en matrimonios de larga duración

La cultura tradicional en España ha dado como consecuencia que en la mayoría de los matrimonios celebrados hasta los años setenta del siglo XX el marido trabajaba fuera de casa, siendo el proveedor de ingresos, mientras que la esposa se dedicaba a las tareas del hogar.

Cuando uno de estos matrimonios de disuelve por divorcio nos encontramos con que la esposa carece de ingresos propios o son muy modestos, y además por edad y falta de experiencia laboral resulta imposible que se incorpore al mercado laboral a estas alturas.

Así que se produce una situación en la que vienen a concurrir los requisitos para hablar de desequilibrio económico en perjuicio de la esposa, lo que genera la obligación de una pensión compensatoria a abonar por el marido.

Resulta frecuente que si con un sueldo vivían dos compartiendo casa, ahora hay que sacar de una pensión de jubilación suficientes recursos para que sobrevivan dos por separado, lo que resulta, en muchos casos, imposible y, por lo tanto, fuente de graves problemas.

Una sentencia del Tribunal Supremo de fecha reciente, concretamente de 21 de febrero de 2.014, viene a ayudar a interpretar estas situaciones afirmando que un elemento esencial para valorar la existencia de desequilibrio económico consiste en el tiempo de dedicación a la familia por parte de la esposa.

En esta sentencia se define el desequilibrio de conformidad con lo que ya venía haciendo la jurisprudencia: como el empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio, confrontando las condiciones económicas de cada uno de los cónyuges, antes y después de la ruptura.
Además afirma que la pensión busca un reequilibrio pero no equiparar patrimonios que por circunstancias de diferentes estudios, experiencias profesionales o patrimonios heredados, pueden ser distintos. Esta tesis de la no equiparación de patrimonios distintos se aplica a aquellos matrimonios en los que ambos cónyuges tienen ingresos pero con cuantías distintas, aunque no extraordinariamente dispares, en los que no se establece pensión compensatoria entre los cónyuges, considerando que esa diferencia de ingresos procede de desigual formación o dedicación al trabajo que no procede compensar por vía de pensión.

En los casos de matrimonios de larga duración la pensión compensatoria trata de poner a la persona beneficiada con la misma en una situación similar a la que hubiera tenido tras la separación o divorcio si no se hubiese tenido que dedicar al cuidado del hogar.

El juez tendrá que decidir si hay desequilibrio, la cuantía y si la pensión se fija con carácter temporal o indefinido.

En estas situación de matrimonios de larga duración, en los que la separación o divorcio se produce cerca de la edad de jubilación o incluso después, la pensión para la esposa que no ha trabajado fuera de casa se decreta siempre, incluso aunque por haber trabajado antes del matrimonio tenga derecho a una pensión de jubilación (caso examinado en la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2.014), siempre que esta pensión no supere el salario mínimo interprofesional.

Además en estos casos, a diferencia de divorcios o separaciones en matrimonios más jóvenes, la pensión suele fijarse por tiempo indefinido, y no se le pone plazo, aunque si hubiera convivencia marital o mejor fortuna de la beneficiaria de la pensión se podría extinguir. Lo que sí acontece con frecuencia es que la jubilación del marido comporta una pérdida de ingresos que se refleja en una reducción proporcional de la pensión compensatoria, cuando ésta se fijo, obviamente, antes de la jubilación.

Respecto de la cuantía, en mi experiencia he llegado a ver pensiones compensatorias que oscilan entre el 30 y el 40% de la pensión de jubilación que percibe el marido, cuando la esposa carece completamente de otros ingresos.

Como siempre en estos temas conviene intentar un acuerdo.

Además hay que tener presente la relación entre estas pensiones compensatorias y las pensiones de viudedad, pues, a fecha de escribir este artículo, las viudas solo perciben pensión de viudedad si estaban cobrando efectivamente  una pensión compensatoria, y con una cuantía máxima en la misma cifra de la pensión compensatoria. Si se fijó una pensión compensatoria  en sentencia pero no se puede acreditar el cobro, o no se demuestra que, ante el impago de esta pensión, se ha reclamado judicialmente, no se tendrá derecho a la pensión de viudedad.

Defensa frente a reclamaciones de fondos "buitre"

Desde hace dos o tres años numerosos personas reciben, con absoluta sorpresa, cartas y llamadas telefónicas reclamando el pago de deudas antiguas y en muchos casos olvidadas, que aparentemente conservan con entidades financieras. Sin embargo quien reclama no es la entidad financiera con la que quizás se firmó el contrato de cuenta corriente, préstamo, tarjeta o similar, sino que la carta o la llamada viene remitida desde una empresa  con la que el cliente no ha tenido nunca relación comercial alguna.

Lo que ha sucedido es que las entidades financieras han vendido créditos, muchos de ellos de dudoso cobro, a entidades privadas, provenientes frecuentemente de países del norte de Europa, que se dedican a comprar estos créditos por cantidades irrisorias y cuyo negocio consiste en reclamar el pago, mayoritariamente por vía telefónica.

Esas deudas se han vendido a precio de saldo, muchas veces por un 5% de su valor nominal; es decir que si se debían 1.000 euros al banco, éste ha vendido el crédito por 50 euros al fondo buitre, que recibe ese nombre por motivos obvios, aunque seguramente la comparación con los animales carroñeros sea injusta ... para éstos últimos.

Cuando la deuda no está en el juzgado, sino que el fondo se limita a llamar por teléfono, después de una primera carta, lo que hay que tener presente es que las respuestas del tipo: esa deuda ha prescrito o similares, no van a desanimar a los empleados de estos fondos, que seguirán llamando machaconamente, con mala o regular educación. El deudor, o supuesto deudor, no les va a poder convencer de nada y tendrá que seguir soportando las llamadas. Lo mejor es, una vez identificado el origen de la llamada, simplemente colgar. Se puede pedir el nombre y apellidos del interlocutor y plantearse una denuncia por acoso, pero puede ser otro tormento. Lo más probable es que estos fondos nunca lleguen a presentar demanda en el juzgado, sobre todo si la deuda es antigua, pues ni tan siquiera dispondrán de la documentación propia del contrato, y son perfectamente conscientes de que pueden arriesgas dinero para no recibir nada a cambio.

Cuando la deuda es más reciente, o cuando ya está en el juzgado habiendo sido iniciado el procedimiento por el banco acreedor, hay un medio de defensa bastante útil, y que consiste en atacar con el artículo 1.535 del Código Civil que permite al deudor extinguir al crédito abonando al cesionario (fondo buitre) el precio que pagó por el crédito más las costas ocasionadas y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho. Esto hay que plantearlo inmediatamente se reciba la demanda o se tenga conocimiento del cambio de demandante en el juzgado (cuando el fondo informa al juzgado de que viene al procedimiento a ocupar la posición que antes tenía el banco acreedor). Y deberá oponerse al crédito negando su existencia para que tenga la consideración de crédito litigioso.
 Teniendo en cuenta que habrán comprado el crédito por una suma ridícula, llegarán a una solución satisfactoria para el deudor, e indigesta para el fondo buitre.