Defensa frente a reclamaciones de fondos "buitre"

Desde hace dos o tres años numerosos personas reciben, con absoluta sorpresa, cartas y llamadas telefónicas reclamando el pago de deudas antiguas y en muchos casos olvidadas, que aparentemente conservan con entidades financieras. Sin embargo quien reclama no es la entidad financiera con la que quizás se firmó el contrato de cuenta corriente, préstamo, tarjeta o similar, sino que la carta o la llamada viene remitida desde una empresa  con la que el cliente no ha tenido nunca relación comercial alguna.

Lo que ha sucedido es que las entidades financieras han vendido créditos, muchos de ellos de dudoso cobro, a entidades privadas, provenientes frecuentemente de países del norte de Europa, que se dedican a comprar estos créditos por cantidades irrisorias y cuyo negocio consiste en reclamar el pago, mayoritariamente por vía telefónica.

Esas deudas se han vendido a precio de saldo, muchas veces por un 5% de su valor nominal; es decir que si se debían 1.000 euros al banco, éste ha vendido el crédito por 50 euros al fondo buitre, que recibe ese nombre por motivos obvios, aunque seguramente la comparación con los animales carroñeros sea injusta ... para éstos últimos.

Cuando la deuda no está en el juzgado, sino que el fondo se limita a llamar por teléfono, después de una primera carta, lo que hay que tener presente es que las respuestas del tipo: esa deuda ha prescrito o similares, no van a desanimar a los empleados de estos fondos, que seguirán llamando machaconamente, con mala o regular educación. El deudor, o supuesto deudor, no les va a poder convencer de nada y tendrá que seguir soportando las llamadas. Lo mejor es, una vez identificado el origen de la llamada, simplemente colgar. Se puede pedir el nombre y apellidos del interlocutor y plantearse una denuncia por acoso, pero puede ser otro tormento. Lo más probable es que estos fondos nunca lleguen a presentar demanda en el juzgado, sobre todo si la deuda es antigua, pues ni tan siquiera dispondrán de la documentación propia del contrato, y son perfectamente conscientes de que pueden arriesgas dinero para no recibir nada a cambio.

Cuando la deuda es más reciente, o cuando ya está en el juzgado habiendo sido iniciado el procedimiento por el banco acreedor, hay un medio de defensa bastante útil, y que consiste en atacar con el artículo 1.535 del Código Civil que permite al deudor extinguir al crédito abonando al cesionario (fondo buitre) el precio que pagó por el crédito más las costas ocasionadas y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho. Esto hay que plantearlo inmediatamente se reciba la demanda o se tenga conocimiento del cambio de demandante en el juzgado (cuando el fondo informa al juzgado de que viene al procedimiento a ocupar la posición que antes tenía el banco acreedor). Y deberá oponerse al crédito negando su existencia para que tenga la consideración de crédito litigioso.
 Teniendo en cuenta que habrán comprado el crédito por una suma ridícula, llegarán a una solución satisfactoria para el deudor, e indigesta para el fondo buitre.

Desistimiento en contratos de arrendamiento posteriores al 6 de junio de 2.013

Un problema muy habitual en las relaciones arrendaticias consiste en la marcha del inquilino de la vivienda antes de la fecha prevista en el contrato. La normativa ha ido modificando los efectos que tal marcha (llamada jurídicamente desistimiento anticipado) conlleva, y él último cambio ha sido introducido mediante la Ley 4/2013 que modificó algunos artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1.994, vigente para aquellos contratos posteriores al 1 de enero de 1.995.
En otra entrada ya menciono las modificaciones más relevantes que ha planteado la Ley 4/2013 en la Ley de Arrendamientos, pero ahora quiero concentrarme en el tema del desistimiento anticipado porque ha supuesto un cambio muy relevante que, en la época convulsa en la que nos encontramos, viene generando bastante controversia.

Hace mucho que pasaron los tiempos en los que los arrendatarios aspiraban a estar en el piso durante largos años, y cuando los dueños preferían tener inquilinos de larga estancia, cumplidores con sus obligaciones, que cuidaban de la vivienda y pagaban puntualmente. La imposibilidad de subir la renta en muchos contratos antiguos generó un lógico malestar en muchos propietarios. De esa situación el péndulo pasó, con el Decreto Boyer de los años ochenta del siglo XX, a la posición opuesta, etapa en la que los arrendadores pretendían que las rentas se fueran incrementando al ritmo del mercado imponiendo contratos más cortos, con los inquilinos en una situación de gran debilidad en la negociación. Con la Ley de Arrendamientos de 1.994 se estabilizó un tanto la situación con contratos de duración media, en torno a los cinco años, que permitían cierta tranquilidad al inquilino sin un grave riesgo para los propietarios de que las rentas se quedasen desfasadas con respecto a las variaciones del mercado.

Pero llegó la crisis y los precios del alquiler se vieron sometidos a una fuerte presión bajista, en la que los inquilinos empezaron a utilizar el poder de votar con los pies; simplemente se marchaban de la vivienda en cualquier momento a otra más barata, y los dueños se veían obligados a aceptar rebajas de renta o a volver a alquilar por un precio más bajo a un nuevo inquilino que les era desconocido.

Para los contratos anteriores a la entrada en vigor de la nueva normativa (6 de junio de 2.013),  cuando un inquilino abandona la vivienda (desiste del contrato) legalmente puede ser obligado a pagar una indemnización por los daños y perjuicios causados. El problema consiste en que meterse en un juicio por este tema no suele resultar rentable para el propietario, por cuanto los juzgados, después de algunas sentencias del Tribunal Supremo dictadas en los años 2.008 y 2.010, no condenan generalmente al inquilino a pagar más que un par de mensualidades de renta en concepto de indemnización o, incluso, aprecian motivos justificados para desistir cuando el arrendatario se ha quedado sin trabajo, o se ve forzado a mudarse a otra localidad en busca de nuevas oportunidades laborales, y en esos casos no hay condena de ningún tipo. Así que en estos casos el arrendador se ha venido conformando con quedarse con la mensualidad de fianza.

Ahora, con la reforma vigente desde el 6 de de junio de 2.013, y solamente para los contratos posteriores a esa fecha, pues los anteriores mantienen su régimen correspondiente a la redacción originaria de la Ley de Arrendamientos del año 1.994 (la normativa vigente cuando se firmaron), se prevé que el inquilino pueda abandonar la vivienda avisando con 30 días de antelación, y siempre que hubieran transcurrido ya seis meses desde la firma del contrato (desde 6 de diciembre de 2.013 en adelante). Cabe establecer como indemnización que el arrendatario o inquilino abone una mensualidad de renta por cada anualidad de alquiler que no cumpla, prorrateándose los periodos inferiores al año. No cabe pactar una indemnización superior porque la norma impide que ciertos aspectos (y éste es uno de ellos) se puedan pactar, modificando la previsión legal en perjuicio de los arrendatarios.

Por lo tanto ahora, pasados los seis primeros meses del contrato, basta un preaviso de 30 días, notificado de forma fehaciente (burofax o carta con copia firmada por el propietario) para que el inquilino pueda marcharse de la vivienda o local sin que se considere incumplimiento del contrato, y se puede pactar la indemnización en la cuantía vista más arriba. Como contrapartida el propietario puede reclamar el piso para su uso por él o por familiares directos, transcurrido un año del contrato, y se ha reducido el plazo mínimo legal obligatorio para el propietario a los tres años, desde los cinco previstos en la redacción originaria de la LAU de 1.994.

Con estos cambios se ha tratado de regular una práctica constante en los últimos años que estaba generando disputas entre las partes. Indudablemente el arreglo satisface las pretensiones de mayor facilidad de movilidad para los arrendatarios, pero al precio de recortar una mayor garantía de estabilidad.

Tiempos cambiantes traen normas diferentes que entran en vigor, a lo peor, cuando la tendencia social vuelve a cambiar. Veremos.

TRÁMITES DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARA DEMANDAR A UN VECINO MOROSO

PASOS PARA UNA RECLAMACIÓN JUDICIAL DE DEUDA DE COMUNIDAD

1. OBTENER NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA PROPIEDAD DEL PISO  DEUDOR PARA DIRIGIRSE CORRECTAMENTE AL PROPIETARIO

2.- CONVOCATORIA DE JUNTA PARA APROBAR LA DEUDA Y EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL.-

Hay que hacer un orden del día de Junta General Ordinaria (aprovechando la de aprobación de cuentas) o extraordinaria para aprobar esta reclamación. Y entre los puntos del orden del día debe figurar

- Aprobación de la Certificación de deuda presentada por el Sr. Administrador (o presidente, caso de no haber administrador) de los propietarios con recibos pendientes a fecha de  (el último día del mes anterior a la fecha de la Junta).

- Aprobación de acciones judiciales de reclamación de cantidad contra los propietarios con recibos pendientes, y facultar al Sr. Presidente para nombrar abogados y procuradores con el fin de entablar dichas acciones judiciales.

3. EL ADMINISTRADOR O EL PRESIDENTE DEBERAN ELABORAR UNA CERTIFICACIÓN DE DEUDA PARA PRESENTARLA EN LA JUNTA

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE DEUDA

                                                               CERTIFICACIÓN DE DEUDA

D. Fulanito…., con D.N.I. nº…  Secretario con el Visto Bueno del presidente de la Comunidad de Propietarios  sita en …

CERTIFICA lo siguiente a los efectos prevenidos en el artículo 9.1.e) de la Ley 49/1960 de 21 de julio, sobre propiedad horizontal:

Que D… propietario de la vivienda sita en la planta … letra… del edificio ubicado en la calle…. de … adeuda la cantidad de …. Por las cuotas impagadas de la comunidad de propietarios correspondientes a las mensualidades de ….. hasta ….  ambas inclusive , más … por la derrama extraordinaria aprobada en Junta celebrada el día …  .

Que la suma total adeudada a la Comunidad de propietarios como consecuencia de su obligación de contribuir a los gastos para el adecuado sostenimientos del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización.

En …. a …..

                Firmas de presidente, indicando Vº Bº  y secretario.

4. UNA VEZ CELEBRADA LA JUNTA Y SI SE APRUEBA LA DEUDA Y EL ACUERDO DE DEMANDAR A LOS PROPIETARIOS MOROSOS HAY QUE HACER EL ACTA, CONTENIENDO LA APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS.

Ejemplo:

1.- Por unanimidad (o mayoría de tantos votos) se aprueba la certificación de deuda presentada por el Sr. Secretario sobre la deuda del propietario del piso…..

Que D… propietario de la vivienda sita en la planta … letra… del edificio ubicado en la calle…. de … adeuda la cantidad de …. Por las cuotas impagadas de la comunidad de propietarios correspondientes a las mensualidades de ….. hasta ….  ambas inclusive , más … por la derrama extraordinaria aprobada en Junta celebrada el día …  .

  2º.- Por unanimidad (o mayoría de tantos votos) se aprueba iniciar acciones judiciales para la reclamación de las cantidades adeudadas, facultando al presidente para otorgar los poderes notariales oportunos a favor de abogados y procuradores a los fines indicados.

5.- POSTERIORMENTE HAY QUE REMITIR UN BUROFAX AL PROPIETARIO MOROSO

El contenido del burofax debe indicar que “Como propietario del piso… se le informa de que en Junta General ordinaria (o extraordinaria) de fecha … se ha adoptado el acuerdo de demandarle judicialmente reclamando el pago de la suma de … que adeuda a la comunidad de propietarios, correspondientes a las mensualidades de …. Hasta … ambas inclusive, más otros…. Euros por la derrama extraordinaria aprobada en Junta de fecha ….

Se le concede un plazo improrrogable de 20 días para realizar el pago de la cantidad adeudada, con el apercibimiento de que en caso de no atender a este requerimiento se iniciarán las acciones judiciales pertinentes encaminadas a logar la legítima satisfacción de los derechos e intereses de la Comunidad.”

Esa carta enviada por burofax debe ser firmada por el presidente o por el secretario, y se debe acompañar copia íntegra del acta de la Junta de propietarios.

La carta se dirige al piso o local, salvo que el propietario hubiera facilitado otra dirección de forma fehaciente, en cuyo caso habrá que dirigir a tal dirección la notificación.

Los gastos de este burofax son exigibles al deudor tanto en vía extrajudicial como judicial.

6. HAY QUE LLEVAR ESTA DOCUMENTACIÓN AL LETRADO PARA INICIAR LA DEMANDA SI EL DEUDOR NO HA PAGADO CON EL REQUERIMIENTO.  

En caso de matrimonio ¿deben firmar ambos cónyuges el contrato de arrendamiento o no?

Si el piso es propiedad de un matrimonio ¿deben firmar los dos cónyuges como arrendadores?, y si van a ir a vivir al piso dos personas casadas ¿deben firmar los dos cónyuges como arrendatarios?

Esta es una duda que se plantea con frecuencia en la redacción de los contratos y que, si sucede el fallecimiento del cónyuge titular, produce importantes consecuencias, así que vamos a dar respuesta.

- Caso de que el piso sea propiedad de los dos cónyuges, a efectos meramente civiles de validez del contrato, basta con que firme uno solo de los cónyuges, con lo que, además, en el caso de que hubiese un procedimiento judicial solamente tendría que intervenir uno de ellos, disminuyendo así las molestias.
A efectos fiscales si Hacienda solamente recibe datos en el sentido de que los rendimientos son de uno de los cónyuges porque solo uno hubiera firmado, a él se le imputarán esos ingresos en el Impuesto sobre la Renta; aunque si se trata de un matrimonio casado en régimen de gananciales se podrá declarar la mitad de los rendimientos por cada cónyuge, aunque en el contrato figure solamente el nombre de uno.
Por lo tanto como consejo general puede ser más cómodo que firme uno de los cónyuges propietarios, casados en gananciales.

Si el matrimonio se rige en sus aspectos económicos por el régimen de separación de bienes, o si se trata de un inmueble propiedad de dos personas no casadas, tendrán que figurar ambos como arrendadores.


- Caso de que acudan dos personas a arrendar un piso o local al propietario le conviene que ambos firmen el contrato como arrendatarios pues así habrá dos personas (o más si se trata de varios socios o amigos que van a arrendar conjuntamente) responsables del pago.

A los arrendatarios, si no están casados, o lo están en régimen de separación de bienes, les conviene firmar a ambos para ostentar los derechos de forma clara y poder ejercitarlos si surgiesen problemas entre ellos.

Si los arrendatarios están casados en régimen de gananciales tendrán que tener en cuenta que según la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2.013, el derecho de arrendamiento es personal, y no entra dentro del patrimonio ganancial, lo que en caso de fallecimiento del cónyuge titular debe ser tenido en cuenta y tiene como importante consecuencia que el cónyuge sobreviviente tendrá que notificar al propietario, en el plazo de 3 meses (ley de 1.994) o 90 días (ley de 1.964), que se ha producido el fallecimiento y que se va a ejercitar la subrogación del contrato. Si no se realiza la notificación el contrato se extingue.
Y cuando estemos ante un contrario regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos de de 1.964 habrá que valorar si es posible la subrogación que se pretende; tema tratado en la sentencia mencionada antes.


Ello significa que a los arrendatarios también les conviene firmar a ambos, incluso casados en gananciales, para evitar problemas con la continuidad del contrato en caso de fallecimiento del cónyuge titular para evitar que la falta de notificación del cambio de titular conlleve la extinción del contrato. Incluso en caso de ruptura del matrimonio también hay obligación de notificar el cambio de titular si el uso del piso es otorgado en resolución judicial al cónyuge que no había firmado originariamente el contrato, y la falta de notificación puede llevar a la extinción del contrato.

Con la firma de ambos cónyuges en el contrato, al principio de la relación arrendaticia, evitaremos que la falta de notificación del cambio suponga la extinción del contrato.

OBRAS EN ELEMENTOS COMUNES REALIZADAS POR UN PROPIETARIO

Sucede con mucha frecuencia que un propietario de piso o local decide alterar los elementos comunes en beneficio propio, por ejemplo: cerrando una terraza, reformando un patio común para colocar un elemento privativo, convirtiendo una azotea en un trastero o casos similares.
Con frecuencia la comunidad no actúa inmediatamente frente a estos usos, limitándose a recoger las protestas de otros vecinos pero sin adoptar ninguna medida práctica.

Con fecha 4 de octubre de 2.013 el Tribunal Supremo ha dictado sentencia donde ordena la retirada de una construcción privativa ilegal sobre elemento común. Se trataba del propietario de un local que instaló una pila y un techo sobre ella, dentro del patio comunitario. La comunidad de propietarios consintió durante más de diez años la situación, hasta que en el año 2.005 decidió mediante acuerdo en junta reclamar la retirada de la construcción.

El propietario del local no impugnó el acuerdo de la comunidad, con lo que devino firme, pero luego se defendió en el juzgado alegando que había existido un consentimiento tácito de la comunidad durante años, y que ello debía implicar una aceptación siquiera tácita de la situación.

En el camino procesal de este litigio hubo sentencias contradictorias, pues en primera instancia le dieron la razón a la comunidad, y en el recurso se la dieron al propietario del local, con lo que el tema acabó en el Tribunal Supremo.

Finalmente el Supremo resolvió que el acuerdo de comunidad, que no había sido impugnado por el propietario del local, y que reclamaba la retirada de las obras realizadas en el patio común, se debía cumplir. Esta sentencia establece que aunque la comunidad de propietarios no hubiera protestado frente a la obra durante años esa conducta por sí sola no entrañaba consentimiento con la obra, y que por lo tanto el acuerdo de la junta no iba contra los propios actos previos de la comunidad.

El principio general del Derecho según el cual nadie puede ir contra sus propios actos, y que constituía la base esencial de la defensa del propietario del local, implica que si has creado en una persona un estado de confianza basada en una determinada situación aparente e induces a obrar a esa persona en un determinado sentido, sobre la base de confianza creada, luego no se puede pretender que aquella situación era ficticia.

Sin embargo el Tribunal Supremo considera que hay que valorar las situaciones una a una, que el conocimiento de una situación irregular no equivale al consentimiento de la misma, sino que el consentimiento debe probarse en base a hechos concretos, no basta la simple inacción previa.

Es una sentencia que afectará a muchas situaciones cotidianas en las comunidades donde en los temas de obras se suele actuar y luego esperar la reacción de la comunidad, sin pedir permiso previo por temor, fundado, a que lo rechacen: por ejemplo, se cierra la terraza y se espera a ver qué hace la comunidad. Como las comunidades suelen actuar con lentitud, suelen ser enemigas de los problemas judiciales, y todo el mundo entiende que si hoy te dejan a ti mañana me dejarán a mi, pues se generan estas situaciones de conflicto latente.
Basta un cambio en la gestión de la comunidad, un nuevo presidente más activo o alguien que se sienta agraviado porque a él no le han consentido algo, y se pueden cambiar conformidades tácitas que se habían mantenido durante muchos años, y si el propietario afectado no impugna los acuerdos que reclamen el desmantelamiento de sus obras, se puede encontrar con la obligación de retirarlas, aunque haya transcurrido mucho tiempo de tolerancia pacífica.

Por lo tanto, ante las obras, primero pedir permiso, y la comunidad debe actuar inmediatamente para evitar problemas que posteriormente, aunque resolubles, pueden consumir muchos más recursos y enemistar a vecinos.

Impugnación de acuerdos de comunidad de propietarios

Las Comunidades de Propietarios plantean con frecuencia problemas de funcionamiento derivados de los conflictos entre los intereses de los diferentes vecinos. El hecho de afrontar un nuevo gasto mediante la correspondiente derrama extraordinaria, la instalación de un servicio como ascensor o limpieza, la jubilación del conserje, el cambio de administrador, y sobre todo la aprobación de las cuentas anuales con la distribución de gastos entre los propietarios, suele ocasionar fricciones y polémicas que si no son tratadas con rigor, profesionalidad y ciertas dosis de paciencia pueden acabar con las buenas relaciones entre vecinos y, lo que resulta fundamental, pueden llegar a suponer la imposibilidad de continuar con ciertos servicios de la comunidad si no se pueden recabar los recursos económicos necesarios.

Hay una frase muy común en medio de un reunión de comunidad, cuando uno de los vecinos clama  "yo impugno la junta".

Bien, pues vamos a tratar de explicar que sucede con las impugnaciones.

Cuando uno de los vecinos no está conforme con algún acuerdo de la junta, está en su derecho de impugnarlo, pero esto tiene un planteamiento práctico más difícil de lo que parece en un primer momento.

Primero: se impugnan acuerdos, no la Junta entera; se pueden impugnar todos los acuerdos adoptados un día pero no se impugna la junta.

Segundo: para impugnar el acuerdo no basta la manifestación verbal expresada en la reunión y recogida en el acta. Para impugnar un acuerdo hay que presentar una demanda ante el Juzgado, y hay que hacerlo con abogado y procurador pues se debe utilizar el procedimiento llamado ordinario que exige la intervención de ambos profesionales.

Tercero: la demanda judicial de impugnación de acuerdos hay que presentarla en el juzgado dentro de los plazos fijados por la ley, que oscilan entre los tres meses y el año desde la adopción del acuerdo, o desde su notificación en el caso de los propietarios ausentes.

Cuarto: No puede impugnar cualquier propietario. Hay que estar al corriente en el pago de las cuotas, y además habrá que haber estado ausente en la Junta, votado en contra, o haberse abstenido, siempre en este último caso, que se haya utilizado la expresión "salvado el voto.
Con respecto a este último tema hay una sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de mayo de 2.013, que unifica la doctrina de las audiencias sobre si los que votaban en contra podían o no impugnar los acuerdos. Había sentencias que solamente permitían impugnar los acuerdos a aquellos propietarios que además de votar en contra manifestaban expresamente que "salvaban el voto" como si fuera una fórmula ritual que permitía luego la impugnación judicial, mientras que otros juzgados (la mayoría de los de Madrid, entre ellos) mantenía que bastaba votar en contra para poder impugnar a continuación.
Pues bien el Tribunal Supremo afirma que para impugnar basta con haber votado en contra, sin necesidad de más expresiones; y solamente aquellos que se abstuvieron alegando que carecían de la información o documentación suficiente para emitir su voto, podrán impugnar posteriormente el acuerdo, siempre que manifiesten el día de la Junta que se abstienen y "salvan su voto". Por supuesto los ausentes siguen teniendo la posibilidad de impugnar en cuanto tengan conocimiento del acuerdo y dentro de los plazos antes expuestos, según cual sea el motivo de la impugnación.

Básicamente sobre los motivos de impugnación cabe diferenciar aquellos basados en defectos de forma (defectos en la convocatoria, en el orden del día, o en el quórum) de aquellos fundados en cuestiones de fondo (como serían los acuerdos contrarios a la ley o a los estatutos, o aquellos que perjudiquen gravemente a un comunero).

Un último aspecto a tener en cuenta consiste en que el acuerdo impugnado es ejecutivo desde que se adopta, y si luego el tribunal lo declara nulo tendrá que adoptar  las medidas complementarias para subsanar los eventuales perjuicios que se hubieran podido causar a alguno de los propietarios.

Por lo tanto cabe la impugnación, pero hay que hacerla correctamente y en el juzgado, las demás impugnaciones de palabra en el momento de la reunión de comunidad no sirven de nada, si luego no hay demanda judicial contra el acuerdo.

Proyecto de Ley de Custodia Compartida

SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE LA CUSTODIA COMPARTIDA

Lo primero que debemos tener presente es que se trata de un proyecto, no es una ley vigente, y ahora, 19 de julio de 2.013, comienza su tramitación con la entrada en el Parlamento, lo que implica que  podrían haber importantes cambios entre el redactado actual y el definitivo.

Podemos tener claro que la norma de la custodia compartida responde a una aspiración de un sector importante no solo de la sociedad, sino sobre todo de los operadores jurídicos, básicamente jueces y magistrados de familia, que llevan años reclamando una legislación que permita establecer nuevas pautas en la custodia de los menores, y en otros elementos relacionados como es, de forma primordial, el uso y disfrute del domicilio conyugal.

Evidentemente han habido cambios sociales que permiten considerar que los padres están tan calificados como las madres para ejercer la custodia de los hijos. Son muchos los padres que, mientras dura el matrimonio, participan activamente en las tareas de cuidado y educación de los menores; por otra parte las madres, por su incorporación generalizada al mercado laboral, se han visto obligadas a desempeñar de forma menos exclusiva dichas actividades. Por lo tanto resulta razonable que si mientras duró la convivencia las tareas en relación con los hijos se repartieron entre ambos progenitores, también lo hagan después de la separación o divorcio. También significa lo contrario: cuando el padre no ha participado en las tareas de cuidado y educación de los hijos de forma similar a la madre mientras duró el matrimonio no tiene sentido otorgar una custodia compartida.

Por todo ello la pretensión del proyecto de ley consiste en que la custodia compartida sea adoptada por los jueces con  carácter general, y no de forma excepcional como hasta ahora. Pero general no significa absoluta y siempre, sino que habrán de analizarse cada caso para ver si resulta pertinente.

En este sentido constituye un elemento central y requisito necesario para atribuir una custodia compartida, que los progenitores han de mantener unos niveles de relación amplios, fluidos y directos entre ellos para que la custodia compartida funcione. Además ambos progenitores deben estar bien coordinados en estas tareas y compartir ciertos criterios educativos para que la estabilidad de los menores no sufra un menoscabo con la custodia compartida. Pensemos que si un progenitor está a favor de la medicina natural y en contra de las vacunas, mientras que el otro piensa lo contrario será difícil resolver las discrepancias médicas; si un médico prescribe un tratamiento a largo plazo y solamente uno de los progenitores lo va a cumplir será el caos. Por otra parte si los progenitores no son capaces de hablar sin discutir sobre cada tema, el niño se verá inmerso en constantes enfrentamientos que no le causarán ningún bien.

Es por esto que la nueva regulación proyectada parte de la reciente doctrina del Tribunal Constitucional sobre el tema que exige que para conceder la custodia compartida los progenitores han de ser capaces de tener unos niveles de relación fluidos y sin disputas constantes.

Todo ello influye en los pleitos que se produzcan a partir del momento de entrada en vigor de la norma, por cuanto, si no hay modificaciones en la ley durante la tramitación parlamentaria, junto a la demanda de divorcio, sea de mutuo acuerdo o contenciosa, se habrá de presentar un plan de corresponsabilidad parental, para determinar el modo de relacionarse entre los progenitores y de ambos con el menor, estableciendo modos, plazos y formas de compartir el tiempo de estancia con el menor, las visitas con el otro progenitor, y todo lo relacionado con el tema.

La custodia compartida se relaciona con el tema del uso y disfrute del domicilio conyugal, fuente de numerosos conflictos y, por esta relación, en el proyecto de ley se entra, con un cuidado responsable, a modificar esta cuestión. Por un lado se dispone que el uso y disfrute atribuido al cónyuge que no es titular del bien se hará con carácter temporal, incluso aunque el cónyuge beneficiado con el uso de la vivienda sea el titular de la custodia de los hijos. Por otro lado se dispone expresamente, recogiendo también la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la cuestión, que la posesión de pisos de los padres de un cónyuge podrán ser recuperada por los dueños a su voluntad; es decir no cabe oponer el uso y disfrute atribuido en sentencia matrimonial frente al dueño del piso; se trata de los casos frecuentes en que los padres de un cónyuge le dejan el piso al matrimonio y cuando se produce el divorcio el uso se atribuye al cónyuge que no es hijo de los dueños; en estos casos los propietarios podrán recuperar el uso inmediatamente.

Se dice expresamente que el otorgamiento del uso de la vivienda se valorará a efectos de pensiones alimenticias y compensatorias.

En relación con el tema de la vivienda se trata de facilitar la liquidación del régimen económico y de los bienes comunes (incluso adquiridos antes del matrimonio), pues se lleva esta cuestión al procedimiento matrimonial, aunque sea de forma accesoria, mientras que antes se dejaba siempre fuera. Conjuntamente con la demanda de separación y divorcio, solicitando custodia de los hijos, visitas, pensiones y uso del piso conyugal, se ha de presentar una solicitud de formación de inventario y propuesta de administración de los bienes comunes hasta su liquidación. Se trata de impedir que un cónyuge pierda la posibilidad de usar de su propiedad durante años.

Mientras la norma entra en vigor permaneceremos atentos a la tramitación parlamentaria e iremos preparándonos para orientar a nuestros clientes en la nueva situación.